Comisión Bicameral para la reforma de código de faltas de la provincia de Buenos Aires

Marcelo Dileo
CENTROBuenos Aires

ARTÍCULO 1º: De la creación, e integración. Créase, en el ámbito de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, una Comisión Bicameral para la reforma del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires. La misma estará integrada por 3 diputados y 3 senadores, elegidos por sus respectivos cuerpos, respetando la pluralidad y proporcionalidad en la composición de los distintos bloques políticos de ambas Cámaras.

ARTÍCULO 2º: Del objeto. La Comisión tendrá como objeto el análisis crítico y propuesta de reforma del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, con los siguientes pautas principales:

  1. El desarrollo de un régimen contravencional que tenga como pilar fundamental el respeto de los derechos y garantías consagrados constitucionalmente;
  2. Actualizar el sistema contravencional bonaerense a los lineamientos demarcados por la normativa nacional y supranacional;
  3. Readecuar los tipos de convivencia ciudadana y de prevención de conductas antijurídicas que la afecten, instaurando además formas alternativas y consensuadas de resolución de conflictos, con activa intervención de víctimas y contraventores;
  4. En el mismo sentido, que recoja las tendencias más aconsejables cuando se trate de disponer en relación a la libertad y los bienes de las personas,
  5. Que guarde estricta armonía con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; receptando tales pautas en forma concreta en cuanto a su aplicación, tanto respecto de la cuestión material como de la procesal.

ARTÍCULO 3°: Del informe final. La Comisión deberá elevar un informe final a ambas Cámaras, detallando lo actuado y proponiendo la implementación legislativa de las reformas que recomiende en orden a los objetivos de su creación.

ARTÍCULO 4º: Del plazo. El plazo máximo para la elaboración del informe será de 150 días contados a partir de su constitución, el que podrá ser prorrogado por igual plazo, por resolución plenaria de la Comisión.

ARTÍCULO 5º: De las Autoridades, y del reglamento interno. La Comisión elegirá un Presidente, un Vicepresidente, y un Secretario, por mayoría de votos; y dictará su propio reglamento interno para el cumplimiento de su objeto. Este reglamento será aprobado por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros

ARTICULO 6°: De la asistencia técnica interna. Las dependencias y comisiones de ambas Cámaras deben asistir especialmente a la Comisión en todos los temas que le sean requeridos por ésta, destinando los recursos humanos y materiales que se encuentren a su alcance.

ARTICULO 7°: De los colaboradores. La Comisión podrá convocar, en carácter de colaboradores, para el análisis y desarrollo de las cuestiones técnicas de la reforma a expertos en las materias en tratamiento, tanto del ámbito académico como del judicial.

ARTICULO 8°: De las atribuciones. La Comisión estará facultada para solicitar a las autoridades administrativas, legislativas, y judiciales toda información que contribuya al logro de sus objetivos. Asimismo, podrá instrumentar los mecanismos necesarios para la participación de universidades, instituciones, y organismos nacionales e internacionales especializados en las materias objeto de tratamiento.

ARTICULO 9°: De los Recursos. La Comisión contará con los recursos, el personal técnico y administrativo, y la infraestructura que resulte necesario para el cumplimiento de su objeto. Los gastos que requiera el desarrollo de la presente se destinaran del presupuesto correspondiente a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTICULO 10°: Se invita a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a aprobar una Resolución en el sentido de la presente y dejar conformada la Comisión en el menor tiempo posible.

ARTICULO 11°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fundamentos

El presente Proyecto de Ley pretende crear una Comisión Bicameral que se aboque a realizar un análisis crítico, y elabore un proyecto de reforma del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires.

Existen sobradas razones para llevar adelante la referida reforma, que no se subsumen únicamente en el carácter anacrónico y vetusto del régimen contravencional vigente, sino que encuentran sustento en el debido respeto de los derechos y garantías constitucionales de las personas, y que resultan elementales en un Estado de Derecho.

En la actualidad, sigue vigente el régimen contravencional nacido de un decreto ley elaborado por el gobierno de facto que imperó entre 1966-1973 (Dto.- ley 8031/1973), y que – conforme lo ha sostenido destacada doctrina en la materia - colisiona con las tendencias más aconsejables cuando se trata de disponer de la libertad y los bienes de la personas. Resultando además, en forma evidente, contrario a la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos.

Y ello, reviste particular importancia máxime, por cuanto, la materia contravencional resulta de incidencia directa y significante repercusión en la vida de las personas.

En este sentido, - como hemos manifestado anteriormente - lo vienen sosteniendo administradores de justicia, doctrinarios y estudiosos en la materia, resultando ejemplificativas en esta línea argumental, las palabras de Sebastián Soler, que pronunciara en ocasión de desempañarse como Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, echando luz de forma concluyente, sobre el modo en que las contravenciones pueden convertirse en instrumento de la opresión: (…) “Cuando se quiere subvertir al régimen republicano y democrático, cuando se pretende coartar el libre ejercicio de los más elementales derechos individuales, las simples contravenciones resultan ser unos de los principales instrumentos de que se valen los gobiernos dictatoriales para sofocar la libertad. Por ello es preciso precaverse contra todas aquellas prácticas viciosas a que conduce un mal entendido aunque bien intencionado celo policial, en virtud de las cuales muchas veces se trasforman en faltas, actitudes que no configuran sino el legítimo ejercicio de derechos que la Constitución garantiza a todos los habitantes de la Nación.” (…).-

Mario Alberto Juliano, destacado especialista en la materia, en su libro: “Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires”, sostiene que resulta hoy indiscutible, que el derecho contravencional participa de las mismas características aflictivas que el derecho penal, no obstante su aparente menor intensidad sancionatoria.

Y, en tal sentido señala, de manera ejemplificadora, en análisis del régimen contravencional vigente, que:

  1. “de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º del decreto ley 8031/1973, dos de las penas allí previstas – las de multas e inhabilitación – son las mismas son las mismas que contempla el Código Penal en su texto – también artículo 5º- y tienen su misma naturaleza y consecuencias.
  2. No obstante el nombre que se quiera asignar a las cosas, lo que que también es incuestionable es que las consecuencias de la pena de arresto del régimen contravencional y la de prisión del penal tampoco parecen ser diferentes, ya que en definitiva, en ambos casos, se termina con un individuo privado de su libertad ambulatoria.
  3. La materia contravencional tiene la peculiaridad de convertir las multas en arresto en caso de falta de pago (artículo 6), lo cual incrementa en forma exponencial las posibilidades de privación de la libertad de las personas de escasos recursos, que son los más directamente alcanzados por el derecho contravencional;
  4. que no obstante que la ley – genéricamente considerada, ya que de acuerdo con sus orígenes espurios no corresponde asignarle la misma jerarquía y dignidad que los instrumentos sancionatorios conforme la Constitución – contempla (artículo 10º) que “el arresto se cumplirá en comisarías u otras dependencias de la policía que ofrezcan condiciones adecuadas de habitabilidad (…)”, cuando lo cierto es que las condiciones de alojamiento en la mayoría de las comisarias del territorio bonaerense son infames y degradantes”
  5. que la ley no hace distingo entre el obrar culposo y el doloso (artículo 21º), de donde puede quedar atrapado en las mismas redes sancionatorias el imprudente, negligente o imperito, que aquel que obra con plena voluntad y conocimiento de la ilicitud;
  6. que la ley no hace distinción alguna entre autoría y participación (artículo 22º), de donde los distintos niveles de compromiso con el hecho principal no tienen proporcional respuesta punitiva o, dicho en otro término, tienen idéntica respuesta;
  7. que la declaración de reincidencia duplica, lisa y llanamente, los montos de las penas de multa y arresto, sin posibilidad de graduación (articulo 27º a);
  8. que la ley contravencional prevé la posibilidad de aplicar arrestos hasta 180 dias (articulo 43º), infinitamente superior al mínimo de penalidad de gran cantidad de delitos, monto al cual –por obre y arte del art 26 – se le adiciona la mitad del máximo de la pena – dos meses – en caso de primer reincidencia y que, lisa y llanamente, se duplica en caso de segunda reincidencia, de donde un individuo puede llegar a pasar ocho meses restringido de su libertad ambulatoria por la comisión de una falta – la portación de armas que no signifique delito.
  9. que la ley de faltas (artículo 116º) prevé la mecánica y automática detención del imputado cuando a juicio del funcionario policial se haya cometido una contravención que contemple pena de arresto, pudiendo mantenerse al individuo en esta situación hasta por un plazo de 5 dias.
  10. Que casi la totalidad de los infractores se encuentran en virtual estado de indefensión, o la defensa constituye un mero recaudo formal, ya que las defensorías oficiales – atiborradas de asuntos criminales y correccionales -, no pueden prestar atención a esta materia, mientras que para los defensores particulares lo contravencional no ofrece atractivos, ya que un honorarios justo por su tarea normalmente superaría, con creces la importancia del pleito, emolumento que por otra parte, la clientela del sistema difícilmente pueda afrontar.
  11. Que la interposición del recurso de apelación no suspende la ejecución de la sentencia en caso de que el infractor se hallare detenido preventivamente (artículo 146º).

Estos puntos, según señala el autor antes citado, resultan tan solo “ejemplos”, que demuestran a las claras y en forma concluyente, el carácter netamente aflictivo del derecho contravencional vigente, y por consiguiente su necesaria e imperiosa reformulación.

Se traducen en la obra además, a los fines de mensurar debidamente la real incidencia de la materia contravencional en la vida de los ciudadanos del territorio bonaerense, los siguientes datos: (…) “Partiendo de 1999 ingresaron a los juzgados correccionales de la Provincia de Buenos Aires, un total de 26.626 causas, 20.406 de ellas fueron contravencionales; el 2000 registro un total de 31.034 causas, de las cuales 20.458 fueron de faltas; en 2001 se contabilizo un total de 35.010 causas, de las cuales 21.477 fueron por contravenciones; en 2002 hubo 35.608, de las cuales 21.274 correspondieron a este rubro; en 2003 fueron 41.757, con 24.752 de faltas y en 2004 se totalizaron 48.332, de las cuales 28.477 correspondieron al ítem en cuestión” (…).-

Como se advierte, existe un notable crecimiento de las causas de contravenciones con el trascurrir del tiempo.

En resumidas cuentas, conforme intentáramos señalar en el desarrollo de las presentes líneas, el sistema contravencional o de faltas, contiene una importante incidencia en la vida de las personas, y en su estado actual trae consecuencias intolerables para un estado de derecho que hacen imperiosa la reforma que por la presente se persigue.

Por los fundamentos expuestos solicito a los Señores Senadores acompañen con su voto el presente Proyecto.