Contra la eliminación de beneficios sociales del estado y despidos por motivos políticos

Alejandro Cacace
CUYOSan Luis

ARTÍCULO 1.- PROHIBIR todo tipo de DESPIDO de empleados provinciales o municipales o quita de BENEFICIOS SOCIALES, SUBSIDIOS, PLANES PROVINCIALES entre ellos, Plan de Inclusión Social, Beca Puntana al Mérito, Aportes a Clubes e Instituciones Deportivas, Pasantes del Estado Provincial, Becas para Jóvenes Puntanos Junto a Vos, Aportes a Instituciones Recreativas, Comedores, Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones, entre otras, desde las ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS, HASTA LA ELECCIÓN GENERAL Y 30 DÍAS POSTERIORES A LA MISMA, salvo por causas justificadas que queden expuestas.

ARTÍCULO 2.- La presente Ley es de orden público.

ARTÍCULO 3.- Regístrese, Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

Fundamentos

El objeto del presente proyecto de ley es detener los despidos y recortes de beneficios sociales en época de comicios, por razones políticas y resultados electorales en la Provincia de San Luis. Es imprescindible brindar garantías, como sostiene la Constitución Nacional y Provincial, leyes nacionales y provinciales a la libertad de pensamiento, de elección, más allá de pertenecer a una administración que representa un espacio político. A su vez, que quienes reciben subsidios, aportes o algún beneficio social del Estado provincial, no sean extorsionados o condicionados por su participación en los comicios o , o en el ejercicio pleno de su ciudadanía.

Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del pasado 13 de Agosto del 2017 dejó como resultado la derrota del oficialismo provincial y una “caza de traidores” definido así por el candidato a senador nacional del Frente Unidad Justicialista, Adolfo Rodríguez Saá y que fuera vencido por Claudio Poggi del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis.

Esta “caza de traidores” suponía una acción directa de escarmiento, una “política del miedo”, que consistíó y hasta el momento continúa- de persecución a empleados públicos y despidos a raíz de los resultados electorales. Desde la sede Terrazas del Portezuelo hasta las escuelas, hospitales y oficinas descentralizadas han sido motivo de pesquisa de los agentes y punteros del Partido Justicialista.

Este accionar del Poder Ejecutivo Provincial se expandió hacia los beneficiarios de aportes, subsidios y beneficios sociales que el Gobierno de San Luis brinda a sus ciudadanos. Estos son: Plan de Inclusión Social, Beca Puntana al Mérito, Aportes a Clubes e Instituciones Deportivas, Pasantes del Estado Provincial, Becas para Jóvenes Puntanos Junto a Vos, Aportes a Instituciones Recreativas, Comedores, Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones, entre otras.

Estas medidas drásticas y totalmente contrarias a los manejos de una buena administración, fueron replicadas por las intendencias del partido político gobernante, en un auténtico castigo a la población por el resultado de la elección.

En este sentido, la Constitución Nacional en su Artículo 14º Bis sostiene que: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

En el mismo orden, el Anexo de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Nº 25.164 en su Artículo 24º inciso “e”, establece: “la prohibición para los empleados y funcionarios públicos de valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política.”

Asimismo, los empleados públicos tienen la obligación de obedecer la orden del superior jerárquico siempre que “tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles con la función del agente”.
            Del mismo modo, la Constitución Provincial en su Artículo 58º, inciso 4 sostiene que “El Estado procura se reconozcan al trabajador” (...) “La seguridad en el empleo y su derecho a indemnizaciones por despido arbitrario y falta de preaviso, quedando prohibidos los despidos por motivos políticos, gremiales, ideológicos o sociales”.

Además, la Ley Nº XV-0390-2004 (5618) Estatuto del Empleado Público, en el Capítulo VI de Régimen Disciplinario (Artículos del 29 al 47) no contempla sanciones o causas para motivo de despido, cesantía o exoneración, razones de índole política como motivo para la salida de la administración pública provincial. 

En conclusión, no puede responsabilizarse a los empleados públicos, sin importar sus órdenes del resultado de una elección donde la ciudadanía elige libremente a sus representantes. Sancionar, multar, perseguir, condicionar los vínculos de trabajadores del estado y beneficiarios de planes o beneficios sociales es un avasallamiento de las instituciones públicas, porque representa un manejo discrecional, arbitrario y partidario del Estado provincial.

 

Por todo ello,