Creación de la figura de oficiales de prueba para el seguimiento y control de las suspensiones de juicio a prueba (Probation)

Alejandro Cacace
CUYOSan Luis

ARTÍCULO 1°.- Créase la figura de los Oficiales de Prueba, los cuales deberán ser  profesionales con conocimiento y experiencia en las ramas de la pedagogía y psicología, así como tener una experticia en temas sociales y humanos. Por ello, los aspirantes a este cargo deberán tener título de licenciado en psicología, pedagogía o trabajo social, expedido por una universidad pública o privada reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 2°.- Se accederá al cargo de Oficial de Prueba mediante concurso de oposición y antecedentes.

ARTÍCULO 3°.- OBLIGACIONES. El Oficial de Prueba deberá:

a)        Supervisar la ejecución de las obligaciones impuestas por los órganos jurisdiccionales respecto de los probados;

b)       Informar del cumplimiento de las condiciones a los órganos judiciales que correspondan;

c)        Relevar y recabar información de la vida del probado, su familia, sus hábitos, sus antecedentes, su grupo de pertenencia, situación laboral, salud, educación y su potencial.

d)        Trabajar para realizar los cambios necesarios para su recuperación y rehabilitación social.

e)        Elevar informe trimestral al Tribunal interviniente sobre el cumplimiento de los puntos a) y b), así como también sobre su evolución en relación al punto d).

f)        Informar a las autoridades judiciales dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes del cumplimiento  del plazo impuesto, o la verificación de alguna causal de revocación del beneficio.

g)       Toda otra obligación que surgiere del Código de Procedimientos Criminales de la Provincia o del Derecho de fondo, en relación a la supervisión de los probados.

ARTÍCULO 4°.- Créase el Departamento de Probation, del cual dependerán los Oficiales de Prueba. Este organismo dependerá del Ministerio de Seguridad y tendrá su sede principal en la Primera Circunscripción Judicial, una delegación en la Segunda Circunscripción Judicial y una delegación en la Tercera Circunscripción Judicial.

ARTÍCULO  5°.- Se dotará al Departamento de Probation de los recursos económicos y humanos suficientes para asegurar su correcto y eficiente funcionamiento.

ARTÍCULO 6°.- A los fines de lo dispuesto en el artículo anterior, asígnense las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO 7°.- Modifícase  el Código de Procedimientos Criminales de la Provincia de San Luis -Ley Nº VI-0152-2004 (5724 *R)-, en su artículo 365, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “En los casos del artículo 76 bis, ter y quater del Código Penal, las partes podrán solicitar la suspensión del Juicio a Prueba.- Al resolverlo el Juez o Tribunal interviniente fijará un plazo de prueba de acuerdo a lo establecido en el Código Penal determinando las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado en ese período, debiendo comunicarle el Magistrado interviniente personalmente al imputado la suspensión condicional del procedimiento con expresa advertencia sobre las reglas de conductas y sobre las consecuencias de su inobservancia.- La solicitud podrá efectuarse hasta la apertura a juicio. La procedencia requiere la conformidad del imputado y de Fiscalía. El Tribunal podrá rechazar la suspensión solamente cuando exista oposición motivada y razonable del Ministerio Público Fiscal.”

Créase dentro del articulado del mismo cuerpo legal el artículo 365 bis, el cual será redactado de la siguiente manera: “Una vez cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, se dará intervención al Departamento de Probation, el cual estará encargado de la supervisión de las obligaciones impuestas por el Tribunal y deberá informar del cumplimiento de las condiciones a los órganos judiciales que correspondan. Los profesionales del Departamento de Probation, además de los deberes impuestos por la ley, realizarán todo el seguimiento del probado durante el plazo impuesto por el Tribunal, debiendo elevar al Tribunal que corresponda un informe trimestral del cumplimiento de las tareas comunitarias, la evolución del probado, y el cumplimiento de las condiciones impuestas. Cumplido el plazo o verificada alguna causal de revocación del beneficio, las autoridades administrativas darán aviso inmediatamente al Tribunal actuante.”

ARTÍCULO 8°.- Créase dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad u organismo equivalente, un Programa de Gestión del Trabajo Comunitario, que se encargará de coordinar los lugares donde los probados y toda otra persona que dispongan las autoridades judiciales deban cumplir trabajo comunitario, debiendo articular sus tareas con las autoridades judiciales y administrativas que correspondan.

ARTÍCULO 9°.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley en el plazo de SESENTA (60) días desde su promulgación.-

ARTÍCULO 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, regístrese y archívese.-

Fundamentos

La Suspensión de Juicio a prueba es un instituto del Derecho Penal, incorporado hace relativamente poco a nuestro Derecho, si tenemos en cuenta que su existencia y aplicación en el derecho comparado es de larga data. Marcelo Castañeda Paz la define como “un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el tribunal para el caso concreto, a cuyo término se declara extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídico penales posteriores. Si se transgrede o cumple insatisfactoriamente la prueba, el tribunal, previa audiencia en la que interviene el imputado, tiene la facultad de revocar la medida y retomar la persecución penal contra él.”

En nuestro Código Penal, la Suspensión de Juicio a Prueba (o Probation, como se la conoce en el Common Law) fue introducida por la Ley 24.316 y plasmada en los artículos 76 bis, ter y quater del Código Penal, en consonancia con el Art. 27 bis del mismo cuerpo legal.

Los tres motivos principales de su incorporación a nuestro derecho de fondo fueron: descongestionar a los tribunales penales, ofrecer una alternativa a la pena y ofrecer una satisfacción a la víctima del delito.

A modo de una breve introducción histórica, el mencionado instituto tiene sus origines en Dinamarca, país que fundó el primer Servicio de Probation en 1820. Hoy en día la Probation es parte de sistemas legales de todos los continentes y existe una tendencia mundial a incluir este instituto y sistemas de libertad condicional en los países donde antes no estaba previsto.

Según señaló el maestro Sir Graham Smith (Jefe de los Servicios de Probation del Reino Unido durante 10 años) en el 1° Seminario Internacional de Probation, hay una crisis mundial que ha acrecentado la criminalidad a nivel internacional “El Centro Internacional para el Estudio de las Prisiones nos dice que actualmente hay 8 millones de hombres, mujeres y niños en prisión alrededor del mundo; para demostrar cuan serio es este problema, a Estados Unidos le llevó 200 años tener un millón de sus habitantes en prisión, y 10 años más para encarcelar un segundo millón de personas. Estados Unidos es un país muy rico, con tradiciones honorables y democráticas, que puede construir muchas prisiones nuevas; pero para el resto del mundo construir costosas prisiones no es una opción; aún para aquellos países que puedan afrontar estos gastos, no debe ser una opción. La prisión es una manera cara de empeorar a la gente, no hay duda alguna, el mundo entero confirma este hecho.”

La Suspensión del Juicio a prueba, en el marco del principio de oportunidad penal, contribuye a una respuesta más humana del poder estatal represivo, ya que procura evitar las consecuencias negativas de la privación de libertad, siendo importante también desde un punto de vista práctico como política criminal para prescindir de juicios orales plenos en causas de poca relevancia, ahorrando de esa forma recursos materiales y humanos al ya consabido recargado Poder Judicial.

El instituto de Suspensión de Juicio a Prueba presenta muchas bondades, como por ejemplo, a la luz de su rol resocializador, y teniendo en cuenta que el tratamiento se realiza en libertad, la Probation implica un bajo costo social para la víctima y el beneficiario y permite el ahorro de recursos al Estado. De esta forma, la Suspensión de Juicio a prueba presenta un beneficio recíproco para el imputado y para la sociedad, lo cual se materializa en el cumplimiento de tareas comunitarias, que redunda en favor de la sociedad, y a su vez beneficia al probado ofreciéndole una salida no estigmatizante a su transgresión al orden legal.

No obstante, la Suspensión de Juicio a Prueba presenta un flagelo cuando, una vez concedido, nuestro Sistema Procesal carece de elementos suficientes para ejercer el control del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución que otorga el beneficio, así como también se les dificulta a los Tribunales de aplicación realizar un seguimiento y acompañamiento a los probados, para lograr una efectiva aplicación y apuntalar el fin resocializador de la probation.

Destaca Graham Smith, en la misma exposición precitada, que el propósito de la Probation es reducir la reincidencia. Asimismo, resalta las actividades o servicios que brindan los países europeos occidentales, pioneros en esta materia, muy similares a los que brinda nuestro país, salvo por el que creemos es fundamental para el funcionamiento de este instituto: los oficiales de prueba.

En ese sentido, Smith explica sintéticamente las funciones de los oficiales de prueba o probation: la supervisión y apoyo a las personas que permanecen en custodia sin ser condenadas; ofrecen información-mediante la elaboración de informes para los Tribunales con recomendaciones- y facilidades de apoyo, evitando que los tribunales, en un número que está aumentando, mantengan personas en custodia (prisión preventiva), quizás por años, mientras que esperan que se les realice el juicio. La investigación ha demostrado que se mantiene a esas personas de una manera más segura, se evita la superpoblación en las cárceles, y es inmensamente valioso el aporte que se hace a los tribunales.  

De esa forma, en orden a asegurar la supervisión, control y seguimiento de aquellos que se encuentran cumpliendo una Probation es necesaria una reforma en nuestro Sistema que permita ejercer efectivamente el contralor para que la Suspensión de Juicio a Prueba cumpla de manera cabal con su rol y pase a ser más que una simple alternativa al encarcelamiento. Existe en el derecho comparado y se ha adoptado con éxito también en otras provincias como Salta, Neuquén, Entre Ríos y Formosa, la figura del Oficial de Prueba.

EL OFICIAL DE PRUEBA

Habiendo hecho ya una breve síntesis de la historia de la Probation, podemos afirmar también que su incorporación al derecho de fondo ha sido un verdadero logro, ya que es una institución del derecho anglosajón que se ha acoplado de manera muy positiva en nuestro sistema legal, pero todavía le queda camino por recorrer.

En su redacción actual, como hemos hecho referencia anteriormente, la Probation no llega a cumplir acabadamente con sus funciones. Por ello, creemos necesario introducir una reforma legislativa de carácter procesal que consagre definitivamente este instituto, que lo consolide al menos en lo que hace a su eficacia.

En ese orden de ideas, es imprescindible un cambio de paradigma en lo que hace al control y supervisión de la suspensión de juicio a prueba, el cual debe implementarse en la forma de los oficiales de prueba.

A modo de llevar a cabo la implementación de la figura de oficiales de prueba de forma eficaz, es necesario establecer las competencias que el mismo debe reunir y organizar el sistema en cual estos van a desempeñarse. Para ello, y con la experiencia que brinda la implementación de este tipo de control en otras provincias, destacaremos los siguientes aspectos:

1)      El Oficial de Prueba debe ser un profesional, con conocimiento y experiencia en las ramas de la pedagogía y psicología, así como una experticia en temas sociales y humanos.

2)      El Oficial de Prueba deberá supervisar la ejecución de las obligaciones impuestas por los órganos jurisdiccionales respecto de los probados.

3)      El Oficial de Prueba deberá informar del cumplimiento de las condiciones a los órganos judiciales que correspondan.

4)      El Oficial de Prueba deberá relevar y recabar información de la vida del probado, su familia, sus hábitos, sus antecedentes, su grupo de pertenencia, situación laboral, salud, educación y su potencial y trabajar para realizar los cambios necesarios para su recuperación y rehabilitación social.

Es menester, además, darle una estructura funcional a la figura de los oficiales de prueba, es decir, que los mismos se desempeñen dentro de un órgano interdisciplinario con los recursos humanos suficientes para poder realizar adecuadamente sus labores y llevar a cabo sus objetivos. Así es que proponemos que los oficiales de prueba formen parte de un Departamento de Probation, el cual será integrado con profesionales de otras disciplinas y tendrá a cabo las tareas señaladas, con el personal necesario para cumplir sus objetivos.

En referencia al Departamento de Probation, tenemos como ejemplo el modelo implementado en la provincia de Neuquén, donde existe una delegación central en la Primera Circunscripción Judicial y delegaciones en otras jurisdicciones, integrado por asistentes sociales y psicólogos. De todas maneras, el sistema Neuquino, si bien superador en su momento, sufrió de problemas como falta de profesionales y personal suficiente acorde a la cantidad de probados y una deficiente descentralización del Departamento en las demás regiones judiciales. Esta experiencia nos permitirá establecer en este proyecto las previsiones necesarias para que la implementación de los Oficiales de Prueba en el marco de un Departamento de Probation sea exitosa y funcione adecuadamente para cumplir con los objetivos propuestos.

Para que esta nueva institución trabaje eficientemente, es imprescindible que haya una buena comunicación entre las autoridades judiciales, las autoridades administrativas que intervengan, la policía y el Departamento de Probation. Además, como mencionamos anteriormente, debe haber suficientes profesionales para satisfacer la cantidad de casos a tratar y reducirse la burocracia en la comunicación entre los tribunales y las autoridades administrativas, evitándose también la superposición de tareas entre todos los actores intervinientes.

Más aún, debe potenciarse el aspecto relativo a los trabajos comunitarios, para lo cual sería conveniente crear dentro de la estructura del Poder Ejecutivo un Programa de gestión del trabajo comunitario, orientado a áreas con reconocimiento social y con participación de otros actores de la sociedad civil.

Por todo ello,