Cumplimiento efectivo del cupo femenino

Alejandro Cacace
CUYOSan Luis

ARTICULO 1.- Las disposiciones del artículo 27, inciso 3°, de la Ley Provincial Nº XI-0346-2004 (5542) de Partidos Políticos son aplicables tanto en las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias como en las elecciones generales que se realicen en el territorio de la Provincia de San Luis para la elección de Diputados, Senadores, Concejales, Convencionales Constituyentes o cualquier miembro de órgano colegiado provincial o municipal, en las condiciones establecidas en la presente Ley.-

ARTICULO 2.- El TREINTA POR CIENTO (30%) de los cargos a integrarse por mujeres, es una cantidad mínima. En los casos en que la aplicación matemática de este porcentaje determinare fracciones menores a la unidad, el concepto de cantidad mínima será la unidad superior y se regirá por la tabla que, como ANEXO I, forma parte integrante de la presente Ley.-

ARTICULO 3.- El porcentaje mínimo requerido por el artículo 27, inciso 3°, de la Ley Provincial Nº XI-0346-2004 (5542) de Partidos Políticos se aplicará a la totalidad de los candidatos de la lista respectiva que cada agrupación política  nomine, pero sólo se considerará cumplido cuando se aplique también al número de cargos que la agrupación política renueve en dicha elección.

ARTICULO 4.- Se denomina agrupación política al partido político, confederación o alianza transitoria que participe del proceso electoral. En el caso de los frentes o alianzas electorales se computarán los cargos que renueven los partidos políticos que los integran.

ARTICULO 5.- Cuando una agrupación política se presentara por primera vez o no renovara ningún cargo o bien renovara UNO (1) o DOS (2) cargos, en UNO (1) de los DOS (2) primeros lugares de la lista deberá nominarse siempre, como mínimo, una mujer. No se considerará cumplido lo dispuesto por el artículo 27, inciso 3°, de la Ley Provincial Nº XI-0346-2004 (5542) de Partidos Políticos cuando, en el supuesto de que se renueven solamente UNO (1) o DOS (2) cargos, se incluya una sola candidata mujer ocupando el tercer término. Cuando se renovaren más de DOS (2) cargos, debe figurar una mujer como mínimo, en alguno de los TRES (3) primeros lugares.

ARTICULO 6.- Cuando se renueve UNO (1), DOS (2) o más cargos, el cómputo siempre se hará a partir del primer lugar y la lista deberá tener por lo menos UNA (1) mujer cada DOS (2) varones para que se cumpla el porcentaje mínimo que exige el artículo 27, inciso 3°, de la Ley Provincial Nº XI-0346-2004 (5542) de Partidos Políticos. En todos los casos se privilegiarán medidas de acción positiva a favor de la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos.

ARTICULO 7.- En ningún caso se admitirá una lista que contenga TRES (3) candidatos del mismo género en posiciones consecutivas, sean titulares o suplentes.

ARTICULO 8.- Las agrupaciones políticas permanentes o transitorias, deberán ajustarse a lo establecido en los artículos precedentes, garantizando siempre, la representación del TREINTA POR CIENTO (30%) de mujeres como mínimo en las listas oficializadas, con independencia de su filiación partidaria y con los mismos requisitos establecidos para los partidos políticos, sin excepción alguna.

ARTICULO 9.- Si por el procedimiento del artículo 15 de la Ley Electoral Provincial Nº XI-0345-2004 (5509 *R) –T. O. según Ley XVIII-0712-2010, Ley XI-0693 – 2009 y Ley Nº XI-0839-2013-, el Juez Electoral determinara que alguna de las candidatas que integran el mínimo del TREINTA POR CIENTO (30%) a que se refiere la Ley Provincial Nº XI-0346-2004 (5542) de Partidos Políticos, no reúne las calidades exigidas para el cargo o estuviera ubicada en la lista en un lugar posterior al que le correspondiere según el sistema establecido en la presente ley, emplazará a la agrupación política, en la misma resolución que se pronuncia por la calidad de los candidatos, para que proceda a su sustitución o reubicación en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas de que le sea notificada. Si no lo cumplieran, lo hará de oficio, con las mujeres que sigan en el orden de la lista. Para ello deberá tener en cuenta que las listas de suplentes deben cumplir también los requisitos de la presente ley.-

ARTICULO 10.- En la aplicación del artículo 11 de la Ley Provincial Nº XI-0838-2013 de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, cuando se realice la integración de la lista de una agrupación política para la elección general, corresponderá a cada lista que haya participado de la elección primaria cumplir con el cupo femenino en el lugar que le haya sido asignado por aplicación de sistema D’HONDT.

ARTICULO 11.- Cuando una mujer incluida como candidata en una lista oficializada en las elecciones primarias o generales, o ya electa, o en ejercicio de su cargo, falleciera, renunciara, se incapacitara o cesara en el cargo por cualquier circunstancia, será reemplazada por la mujer que le siga en la lista respectiva.

Esta medida se aplicará sólo en el caso de reemplazo de mujeres y prevalecerá sobre la aplicación del artículo 8° de la Ley Electoral Provincial Nº XI-0345-2004 (5509 *R) –T. O. según Ley XVIII-0712-2010, Ley XI-0693 – 2009 y Ley Nº XI-0839-2013- y del artículo 5° de la Ley Provincial Nº XI-0838-2013 de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.-

ARTICULO 12.- Todas las personas inscriptas en el padrón electoral de la Provincia tienen derecho a impugnar ante la Justicia Electoral cualquier lista de candidatos cuando consideren que ésta se ha conformado violando lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Provincial Nº XI-0346-2004 (5542) de Partidos Políticos.-

ARTICULO 13.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y Judicial de la Provincia.-

ARTICULO 14.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-

Fundamentos

Años después de la Revolución Francesa (1789), hito histórico en la constitución de la modernidad y la historia del Estado republicano, tuvo su publicación la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en 1791. El derecho a la participación política como derecho elemental para la libertad de la Mujer estaba conferido por esta Declaración y fue aceptado, no sin luchas históricas y sociales, en la mayoría de los Estados cuya forma de gobierno asumía la división de poderes. En efecto, esta Declaración preliminar de origen europeo fue la inspiradora de los tratados internacionales para los derechos de la mujer, que atravesaron la historia del siglo XX con las conquistas sociales, políticas y legales que se obtuvieron en el curso de la historia contemporánea.

Sin embargo, ellos no fueron ni son suficientes para promover cambios y transformaciones al interior de las legislaciones vigentes de los diferentes Estados con vistas a lograr una genuina participación femenina en los partidos políticos y órganos e instituciones de gobierno democrático. Se preciso para ello la consecución de militancias políticas y partidarias originadas en las estructuras políticas de países como Argentina, destacado por su avance histórico en la conquista del Cupo Femenino y su legislación.

De esta manera, todas las Convenciones Internacionales convocadas por Naciones Unidas desde mitad de siglo XX en adelante promueven y declaran el valor indiscutible para que la mujer asuma en la sociedad la capacidad de representación política en las instituciones democráticas. Los principios universales de participación política de la mujer fueron declarados como garantías en distintas instancias: la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, 1975), las declaraciones internacionales de Copenhague (1980), Nairobi (1985), Beijing (1995), El Cairo (1994), la Cumbre Mundial por el Desarrollo Social (Copenhague, 1995), entre otras.

Encontramos entonces una serie de políticas encaminadas a reconocer a la mujer no sólo como integrante de la vida privada de la sociedad sino como verdadera ciudadana, haciéndolas partícipes de aquellos aspectos públicos de los cuales estuvieron excluidas mucho tiempo y reconociéndoles todos los derechos inherentes como ciudadanas. Estas políticas públicas con perspectiva de género “son consustanciales a la gestión gubernamental que responde al desafío de la innovación, que articula eficiencia y bienestar, que se abre a la inclusión de la diversidad social y que alienta la liberación de las energías sociales para mejorar equitativamente la calidad de vida de las comunidades. No se refiere al hecho de tomar en cuenta a las mujeres, sino a la consideración de las diferencias entre hombres y mujeres, las desigualdades marcadas por esas diferencias y las relaciones de poder entre hombres y mujeres.”[1]

Para lograr la institucionalización de políticas con perspectiva de género es necesario que existan factores facilitadores de éstas. La movilización y presión social de las organizaciones locales y nacionales de mujeres, la sensibilidad y voluntad política efectiva de los Gobiernos, la articulación entre el gobierno local y las organizaciones de mujeres, y el apoyo y compromiso de organizaciones no gubernamentales profesionales en temas de género y derechos de las mujeres, procuran un avance en la instalación de estas políticas. Sin embargo, existe un factor esencial que debe estar presente: la voluntad y disposición política efectiva y sostenida en el tiempo de los actores políticos e institucionales en la articulación de consensos y la innovación en el desempeño de sus funciones, en vista del bienestar común y mejoramiento de la calidad de vida.

Es aquí donde entran en juego las llamas estrategias de intervención. Cada una de ellas responde a una perspectiva diferente y apunta a transformar diferentes aspectos del sistema social de género que condiciona la realidad social de las mujeres y las relaciones entre ellas y los hombres. Entre estas estrategias encontramos aquellas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y las que consisten en medidas de acción positiva con el objetivo de que la igualdad de oportunidades sea real y no ilusoria.

La igualdad de oportunidades en la tradición liberal clásica implica que todos los individuos han de tener las mismas oportunidades y que las desigualdades que se produzcan deberán resultar de los distintos méritos que tienen las personas. Lo importante es que el Estado garantice que todos tengan las mismas oportunidades. Si esto es así, entonces las diferencias que aparezcan no pueden ser consideradas como desigualdades, puesto que todos han podido utilizar las mismas oportunidades. Lo que genera desigualdad son esas diferencias individuales y no la falta de oportunidades de algunos respecto de otros.

No obstante, se constató que la pura modificación de la legalidad no produce a continuación cambios en la realidad social de las mujeres. El acceso al mercado de trabajo ha sido un buen ejemplo. Las primeras políticas de igualdad de oportunidades en el empleo muestran que existe una segregación por sexo en el mercado de trabajo y que las mujeres no tienen las mismas posibilidades de participación. Existen trabas en los puestos a los que se les intenta hacer acceder, que se deben a los prejuicios culturales o de otro tipo. Es decir, los empleadores no quieren contratar mujeres porque piensan que no son buenas trabajadoras. Al mismo tiempo, se encontró con que, debido a la carga extra que las mujeres tienen en la familia, el punto de partida no es igual ni en el trabajo, ni en la política, ni en la vida social. Por ello los nuevos derechos que se otorgan a las mujeres tienden a ser formales y no sustantivos. Frente a esta limitación de las políticas de igualdad de oportunidades aparece una primera respuesta: si las mujeres no son iguales en el punto de partida, hay que corregirlo.

Eso implica promover una serie de políticas relativamente diferentes para efectuar las correcciones necesarias, surge así la estrategia de acción positiva que consiste en un mecanismo para corregir la desventaja inicial de las mujeres.

El objetivo de la acción positiva sigue siendo actuar apoyando individualmente a las mujeres en su acceso al mundo público. Pero, no lo hacen cambiando a las mujeres en su identidad sino que comportan también un énfasis en la transformación de la dimensión de género de las actividades masculinas. En la medida en que se equilibra la presencia de mujeres en roles considerados masculinos, éstos pierden estas características para convertirse en roles, sino neutros del todo, por lo menos compartidos.

La igualdad de oportunidades se ha referido tradicionalmente a compartir las oportunidades en las actividades del mundo público. Pero es la estructura familiar y el papel de las mujeres en ella lo que hace que las mujeres no consigan una posición igual que los hombres ni en el trabajo, ni en la política, ni en la vida social. Por ello los nuevos derechos que se les han otorgado tienden a ser sólo formales y las mujeres no los pueden ejercer en la realidad. Además, a la desventaja familiar hay que añadir otros elementos, ideológicos o de poder, que hacen que se atribuya a las mujeres un rango secundario en las actividades públicas a las que han tenido acceso. Es aquí donde la acción positiva se constituye en un complemento necesario de la igualdad de oportunidades.

El cupo femenino que se pretende legislar aquí no es más que una medida de acción positiva necesaria para garantizar a las mujeres una participación mínima, más no máxima, en la vida pública de nuestra sociedad.

Previo a la promulgación de la Ley 24.012 de Cupo Femenino en 1991, nuestro país fue semillero de acciones militantes y propuestas legislativas conducentes a la participación de la mujer en la democracia y la representación política, parlamentaria y partidaria. En efecto, desde los partidos mayoritarios (radicalismo y justicialismo) la historia contemporánea es recurrente en experiencias y figuras ejemplares que incansablemente defendieron el derecho a la mujer no sólo en cuanto a voto sino también en lo que respecta a su participación, representatividad, identidad e integridad.

Entre otras luchas, desde la militancia de la Unión Cívica Radical y de otros partidos políticos, en nuestro país se ha visto fortalecida la representación de la mujer más que en otros países, al menos desde mediados de siglo XX en adelante. Este logro sobre los derechos de la mujer a representatividad y participación, se ha consolidado en la Ley de Cupo Femenino, dispuesta de distinta manera en las provincias argentinas pero conducente en todas ellas a una mayor participación de la mujer en la vida política de su pueblo y más aún, en la construcción de la democracia para hacer de nuestra forma de gobierno un espacio dinámico, más plural y más representativo de la ciudadanía y de los derechos constitucionales de todos a la libertad y participación.  

En este sentido, el proceso que condujo a la sanción de la Ley 24.012 en el Congreso Nacional fue iniciado hacia fines de la década de 1980 con una frustrada tentativa de instituir cuotas partidarias en los estatutos de la Unión Cívica Radical (UCR), propuesta por mujeres radicales. Ello motivó a que en 1989 se presentaran dos proyectos de ley: uno de ellos por parte de la Senadora mendocina Margarita Malharro de Torres (UCR) y el otro por diputadas de distintos partidos, con el fin de instituir un cupo obligatorio en la legislación electoral. Ambas iniciativas fueron impulsadas exclusivamente por mujeres en reclamo a reconocimiento y participación en los partidos y cargos electivos.

La Ley 24.012 –basada en el proyecto presentado por Torres– fue sancionada el 6 de septiembre de 1991 en Congreso de la Nación, con sólo tres abstenciones y siete votos negativos.[2] Durante esa jornada, "cientos de mujeres de distintos partidos políticos se acercaron al Congreso de la Nación […] Las galerías del recinto se colmaron, y las que no pudieron acceder al lugar permanecieron en las calles de los alrededores, en lo que dio en llamarse 'vigilancia por el cupo’ ”.[3]

En suma, el período comprendido entre la presentación de los proyectos de institución de un Cupo Femenino y su sanción coadyuvó significativamente al posicionamiento de las mujeres como promotoras de una medida institucionalmente innovadora que carecía de antecedentes en la política y en el derecho en nuestro país. La acción llevada adelante por las militantes de la Unión Cívica Radical, sentaron las bases de la lucha por la igualdad de género en todos los ámbitos (sociales, institucionales, y culturales), iniciando en Argentina el proceso por el reconocimiento de la mujer como persona política y de derecho a ser elegible, pero por sobre todo, como persona de acción de una historia en la que su participación es testimonio de una militancia incansable por los derechos de todos y todas a una democracia más justa y representativa de todos los sectores sociales.

El marco normativo provincial en torno a la participación política de las mujeres está dado por la Ley Provincial Nº XI-0346-2004 (5542) de Partidos Políticos. Su artículo 27, inciso 3°, de la dispone que: “Las listas de candidatos para elecciones de Legisladores y Convencionales Nacionales, Provinciales y Municipales que presenten los partidos políticos, confederaciones y/o alianzas transitorias en el ámbito de la Provincia de San Luis, deberán estar integradas por mujeres en un mínimo de un treinta por ciento (30 %) de los candidatos titulares y suplentes a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas. Resultará de aplicación supletoria a la presente Ley las disposiciones contenidas en el Código Electoral Nacional. El Tribunal Electoral dentro de las atribuciones del Art. 95° inc. 2 de la Constitución de la Provincia de San Luis, no podrá oficializar ninguna lista de candidatos que no cumpla con lo dispuesto en el presente Artículo.”

De este artículo surge que la Provincia de San Luis cuenta con una norma que establece un porcentaje mínimo de participación femenina –cupo femenino- en la conformación de las listas de candidatos. No obstante, en la realidad se ha observado que esta disposición dista de tener una aplicación efectiva. Aún en casos judicializados, los tribunales no se preocupan en hacer cumplir este cupo mínimo. Valga recordar que la lista de candidatos a diputados provinciales por el Departamento Pueyrredón del Frente Progresista Cívico y Social para las elecciones generales de octubre de 2013 estuvo integrada en las primeras tres ubicaciones por hombres, pese a que la agrupación renovaba sólo dos bancas. Esta composición fue establecida por la Justicia Electoral aún en contra de la voluntad del propio Frente Político y la decisión de su Junta Electoral.

Según el artículo mencionado, el Código Electoral Nacional es de aplicación supletoria a la Ley Provincial. Hay que aclarar que éste no contiene una regulación acabada de cómo se debe llevar a cabo la confección de las listas para cumplir con el cupo femenino del 30%. Esta regulación viene dada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1246/2000 reglamentario de la Ley 24.012, el que establece las pautas para que se considere cumplido el cupo mínimo del 30% dispuesto por el artículo 60 del Código Electoral Nacional.

Ante esta situación resulta necesario establecer un marco normativo que regule acabadamente la participación mínima establecida en la Ley Provincial de Partidos Políticos y evitar de esta manera que los derechos políticos de las mujeres de la provincia sean ilusorios.

El proyecto de ley que se pone a consideración toma como base las disposiciones del Decreto PEN N° 1246/2000 y actualizaciones que la jurisprudencia provincial y nacional ha volcado en los últimos años. Uno de ellos es el “Caso Robustelli” de la Provincia de Santa Fe, que significó un avance en el reconocimiento de los espacios legislativos alcanzados por mujeres electas. Otro de ellos es el “Caso Daract, Cecilia y Otra - Solicita Oficialización de Listas de Candidatos – Elecciones Generales 27-10-13 ELE 431/13 Frente Progresista Cívico Y Social- Tribunal Electoral Provincial” de la Provincia de San Luis, como un suceso que no debería repetirse. En el mismo se dispuso el relego del cupo femenino al cuarto lugar siendo ocupados los tres primeros lugares por varones, aún en contra de la voluntad de la agrupación política referida.

El artículo 11 del presente proyecto dispone que las vacantes que se produzcan de mujeres, en todos los casos, deberá ser ocupada por una mujer, se trate de una lista oficializada, o de mujeres ya electas en el cargo. El artículo 10 se refiere a la vacancia que se produjere luego de las elecciones primarias, es decir, contempla el procedimiento a seguir para cumplir el cupo del 30% una vez aplicado el sistema D’hondt y distribuidas las ubicaciones entre los precandidatos de la agrupación o partido político. En este caso, luego de establecidas las posiciones, se procederá a cumplir con el cupo femenino. En caso de que éste no se cumpla, por ejemplo, por ser ocupados los tres primeros lugares por varones, se deberá reemplazar con la mujer que continuase en el orden de la lista que se hizo acreedora de esa ubicación por aplicación del sistema D’hondt, siempre teniendo en cuenta que si la agrupación o partido político renovara en la elección 1 o 2 cargos, o ninguno por ser su primera presentación, deberá hacerse en el segundo lugar, respetando el derecho del que obtuvo el primer puesto en la lista.

Finalmente, entre sus disposiciones se destacan las siguientes:

a) Si un partido se presenta por primera vez a una elección, renueva solo una banca o no renueva ninguna, su lista puede ser encabezada por un hombre o una mujer, pero quien le siga no puede ser del mismo sexo;

b) cuando se renuevan más de dos cargos, debe figurar una mujer (como mínimo) en alguno de los tres primeros lugares;

c) si una candidata renuncia o fallece antes de los comicios, debe ser reemplazada por otra candidata, mientras que un hombre puede ser reemplazado indistintamente por otro hombre o por una mujer;

d) los jueces con competencia electoral tienen la facultad de reordenar de oficio las listas partidarias;

e) todos los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral pueden solicitar la impugnación de las listas que consideren violatorias de la ley provincial de partidos políticos.