Defensor de los derechos de personas con discapacidad

Veronica Gazzoni
CENTROCórdoba

ARTICULO 1º: Crease en el ámbito de la provincia de Córdoba la figura del Defensor/a de los Derechos de las Personas con Discapacidad como órgano independiente con autonomía funcional, que tendrá como misión específica defender los intereses y la plena vigencia de los derechos de las personas con discapacidad tutelados por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial y legislación vigente.

ARTICULO 2°: La Defensoría será ejercida por un Defensor/a designado/a conforme el procedimiento establecido por el artículo 124° de la Constitución Provincial.

ARTICULO 3°: Previo a la convocatoria de la sesión y durante un período de diez (10) días hábiles la Legislatura debe abrir un registro para que los ciudadanos por sí o a través de organizaciones no gubernamentales, hagan sus propuestas respecto de postulantes con antecedentes curriculares. Las Comisiones de la Legislatura que entiendan en la temática son las encargadas de evaluar los antecedentes de los postulantes. A tal efecto quedan facultadas para especificar el procedimiento para la evaluación y selección de los postulantes. Las Comisiones deberán expedirse en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles desde el ingreso de las postulaciones a su seno, debiendo elevar tres (3) nombres para su consideración por parte de la Asamblea Legislativa. La decisión de las Comisiones se adoptará en plenario y por mayoría absoluta de sus miembros.

ARTICULO 4°: Prestará juramento ante el Presidente de la Asamblea Legislativa de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de conformidad con lo que prescriben la presente Ley, la Constitución Provincial y la de la Nación. Asumirá el cargo el día designado por la Asamblea Legislativa.

ARTICULO 5°: Para ser designado Defensor o Defensora de los Derechos de las Personas con Discapacidad, serán requisitos: 1. Tener treinta años de edad como mínimo. 2. Ser argentino/a nativo/a o por opción. 3. Tener ciudadanía en ejercicio. 4. Tener residencia en la provincia durante cuatro años anteriores inmediatos a la designación, salvo casos de ausencia motivada por servicios a la Nación o a la Provincia o en organismos internacionales. 5. Poseer idoneidad comprobada en la materia.

ARTICULO 6°: El Defensor o Defensora de los Derechos de los Derechos de las Personas con Discapacidad durará cinco (5) años en sus funciones y no podrá ser designado por nuevos períodos.

ARTICULO 7°: En el desempeño de sus funciones el Defensor o Defensora de los Derechos de las Personas con Discapacidad no recibirá instrucciones, ni estará sujeto a mandato de autoridad alguna. Su actividad no se interrumpirá por ningún motivo.

ARTICULO 8°: El Defensor o Defensora no podrá participar en actividades políticas, sindicales o gremiales, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia y la investigación, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus funciones. Asimismo, le comprenden las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas para los Legisladores en la Constitución Provincial. Dentro de los diez días de su designación, deberá cesar en toda situación de incompatibilidad, entendiéndose, en el caso contrario, que no acepta la misma.

ARTICULO 9°: El Defensor o Defensora cesará en sus funciones al cumplimiento de plazo de designación, por muerte o bien por las causales de: a) Renuncia presentada y aceptación por la Legislatura con el voto de la mayoría de sus miembros presentes. b) Condena por cualquier delito civil o penal. c) Incapacidad sobreviviente declarada judicialmenteque le impida el cumplimiento de sus funciones. d) Remoción por parte de la Legislatura por votación de dos tercios de la Cámara por mal desempeño de sus funciones. Producida la vacancia por cualquier causa, la Legislatura procederá de inmediato a designar al sucesor de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la presente Ley.

ARTICULO 10: El Defensor o Defensora, designará un Adjunto/a para que lo auxilie en el ejercicio de sus funciones y lo suplante en caso de imposibilidad temporal. El Adjunto/a deberá reunir los requisitos exigidos por el artículo 5° y estará sujeto a las incompatibilidades establecidas en el artículo 8°. El Adjunto/a será designado por la Legislatura. El procedimiento, de selección será el mismo que dispone el Art. 124 de la Constitución Provincial en la misma oportunidad y por el mismo período que el Defensor o Defensora de las Personas con Discapacidad y surgirá de entre los tres (3) nombres propuestos por las Comisiones de acuerdo a lo establecido en el Art. 3°.

ARTICULO 11: El Adjunto o Adjunta de la Defensoría y los Secretarios Privados de estos y del Defensora/a, cesarán automáticamente al asumir la función un nuevo Defensor/a.

ARTICULO 12: El Defensor o Defensora de las Personas con Discapacidad gozará de las mismas inmunidades, privilegios y remuneraciones que los Legisladores Provinciales. Estará sujeto al mismo régimen previsional.

ARTICULO 13: El Defensor o Defensora de los Derechos de las Personas Con Discapacidad tendrá las siguientes funciones, que ejercerá de oficio o a pedido de parte: 1.- Defender los derechos subjetivos; de incidencia colectiva e intereses individuales homogéneos, frente a actos, hechos u omisiones de la administración provincial, de prestadores de servicios públicos, de entidades financieras y de las personas físicas o jurídicas que generen conflictos con ellas en defensa de las personas con discapacidad, reconociéndose su legitimación procesal, en sede administrativa y judicial a los fines de representarlas situaciones jurídicasde las personas con discapacidad en los términos del Art. 14° del Código Civil y Comercial y Art. 43° de la Constitución Nacional. Se establece que los amparos que pueda incoar el Defensor/a pueden presentarse ante jueces de primera instancia, jueces de control, jueces laborales, como excepción a la ley 10249 a elección del Defensor. 2.- Supervisar la aplicación de las leyes y demás disposiciones referentes a las personas con discapacidad en el ámbito de la provincia de Córdoba. 3.- Supervisar la eficacia en la prestación de los servicios públicos provinciales, para personas con discapacidad. 4.- Solicitar vista de expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil a los efectos de la eficiente defensa de derechos de las personas con discapacidad 5.- Proponer la modificación o sustitución de normas y procedimientos paragarantizar la plena vigencia de los derechos de las personas con discapacidad 6.- Llevar adelante tareas de capacitación, difusión y concientización respecto de los derechos de las personas con discapacidad. 7.- Realizar toda otra acción conducente al mejor ejercicio de sus funciones, a la defensa y efectivo cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

ARTICULO 14: A los efectos de la presente ley, se entenderá por administración pública provincial la administración centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del estado, sociedades del estado, sociedades de economía mixta, sociedades con participación estatal mayoritaria y todo otro organismo del estado provincial cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación, ley especial que pudiera regirlo o lugar donde preste sus serviciosy todo otro ente en ejercicio de función administrativa.

ARTICULO 15: Quedan asimismo comprendidas en el ámbito de actuación del Defensor/a las personas jurídicas no estatales o privadas, en cuanto ejerzan funciones estatales delegadas o prerrogativas públicas o en cuanto presten servicios públicos por concesión o por cualquier acto administrativo del estado.

ARTICULO 16: Para el cumplimiento de sus funciones el Defensor o Defensora de los Derechos de las Personas con Discapacidad podrá: 1. Solicitar informes,a todo organismo o repartición provincial, los que deberán ser respondidos en un plazo de diez días hábiles. 2. Requerir de las autoridades de los organismos administrativos, entidades y empresas enunciados en los Artículos 14° y 15°, la remisión de expedientes, informes, documentos, actuaciones, datos y elementos que estime útiles a los fines del cumplimiento de su cometido o copia fehaciente de los mismos. 3. Instar a la administración para que realice las investigaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos que motivan su actuación. 4. Informarse sobre la marcha de las investigaciones a que se refiere el inciso La negativa o negligencia en la remisión de los antecedentes mencionados en los incisos 1 y 2 o en la realización de las investigaciones a que se refiere el inciso 3 del presente artículo, será comunicada por el Defensor/a a la Legislatura, al organismo pertinente y al funcionario jerárquico que corresponda.

ARTICULO 17: En ningún caso la presentación de queja o denuncia ante el Defensor/a interrumpirá los plazos previstos para la interposición de recursos administrativos o acciones judiciales. Tal circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del interesado.

ARTICULO 18: El Defensor o Defensora dictará el Reglamento Interno que regirá el funcionamiento de la Defensoría. Deberágarantizar el funcionamiento permanente del organismo durante las 24 horas todos los días del año.

ARTICULO 19: El Defensor o Defensora de los derechos de las Personas con Discapacidad dará cuenta anualmente ante la Legislatura de la labor realizada, en un informe que le presentará antes del 1 de marzo de cada año, sin perjuicio de los informes que en cualquier oportunidad eleve o le solicite la Legislatura Provincial o los Legisladores individualmente. Asimismo, deberá informar a cada interesado del resultado de su intervención. Podrá informar a la opinión pública las conclusiones de sus trabajos y actuaciones. El informe anual al que se refiere este artículo será publicado en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 20: El Organismo funcionará con los fondos que a tal efecto provea la Lotería de Córdoba, S.E. establecidos en unSeis por ciento (6%), del Presupuesto Anual de la entidad.

ARTICULO 21: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Fundamentos

El informe de la OMS y del Banco Mundial del año 2011, señala la situación de inequidad que padecen las personas con discapacidad a nivel mundial que ronda los mil millones, cifra en ascenso, causado por el envejecimiento poblacional, el predominio de algunas enfermedades invalidantes, entre otras razones. El estudio revela que las personas con discapacidad, además, enfrentan mayores complicaciones para el acceso académico, sanitario y servicios públicos en general, menor participación económica y tasas de pobreza más altas. A ello debe agregarse que las personas con discapacidad intelectual o sensorial padecen mayor discriminación y obstáculos que aquellas que tienen discapacidad motriz. A partir de ese diagnóstico y en orden a la vigencia- en distintos países- de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad (2006), creemos necesario hacer una revisión de los resultados obtenidos desde su aplicación.

El presente proyecto de Ley procura, además, contrastar la vigencia normativa de la Convenciónparticularmente en la República Argentina - y la judicialización excesiva de los casos en que las personas con discapacidad, procuran obtener las prestaciones necesarias para tener igualdad de oportunidades. La República Argentina aprobó en el año 2008 la Convención referida por medio de la ley 26378. La validación definitiva viene de la mano de la sanción de la ley 27044 del año 2014, acordándose jerarquía constitucional en los términos del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Procuramos brindar una perspectiva de los derechos de las personas con diversidad funcional, sin dejar de señalar que la expresión utilizada en leyes y convenciones es el de “personas con discapacidad”.

El primer abordaje se refiere a la cuestión lingüística, o sea el modo en el que nos referimos a la discapacidad. Si hay una cuestión compleja es la de obtener un término o términos para referir a las personas con discapacidad.¿Qué dice el Diccionario sobre discapacidad? Cualidad de discapacitado. Y discapacitadoes: “…dicho de una persona que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales por alteración de sus funciones intelectuales...”- Un hito importante lo constituye la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad sancionada por la ONU.La Convención no sólo fue ratificada por Argentina, sino que además, conforme al doble sistema previsto por la Constitución Nacional (CN), tiene rango de norma suprema, con lo que su aplicación es de oficio. En el mismo se instala el concepto de “Persona con discapacidad”, sin duda que en el punto habrá muchos desacuerdos, especialmente para quienes hoy, ya hablan de personas con diversidad funcional; pero lograr la Convención no fue sencillo, hay que consensuar con ideologías, conceptos, estructuras sociales, lenguajes y eso ha llevado años.

No obstante y en el marco del respeto y la tolerancia, debe meritarse el esfuerzo que implica acordar con países diversos para logar puntos en común que permitieran una normativa general. Las 100 Reglas de Brasilia, que resultan de la Cumbre Judicial Iberoamericana, establecen propuestas concretas para la accesibilidad a la Justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Las mismas han sido adoptadas por la CSJN por acordada y por distintas provincias argentinas. Córdoba dictó una acordada de armonización del texto. Sin embargo, la realidad, plasmada especialmente en los registros judiciales, indica que el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, es tortuoso.Aparecen incumplidas prestaciones tan básicas como el cambio de una silla de ruedas. El acceso al trabajo digno, al progreso en las escalas laborales o el contralor del cumplimiento por parte de las distintas jurisdicciones que establecen porcentuales para el ingreso al trabajo estatal, resultan soñadas utopías.Un repaso de los problemas cotidianos nos evidencia, lo lejos que están de gozar en plenitud los derechos que les asisten.

Así podemos enumerar: Accesibilidad y derecho a la identidad cultural de las Personas con discapacidad. Acompañante terapéutico. Adicto. Adopción. Apoyo escolar. Asignación por discapacidad. Apoyos.Asistencia Terapéutica domiciliaria. B. Bancos. Accesibilidad C. Certificado de Discapacidad. CUD. Obtención. D. Deporte, Discapacidad y Régimen jurídico. E. Educación.Acceso persona con Síndrome de Down.- Enfermedades poco frecuentes… Esclerosis múltiple. Tratamiento experimental. F. Fideicomiso CCyC. H. Hipoacusia. Telefoníamóvil. I. Impuestos. Excepciones impositivas, acceso.Integralidad de las prestaciones, accesibilidad.- J. Jubilación. Pensión por discapacidad o invalidez.- L. Laboral.Derecho a ascensos de la persona con discapacidad. M.Mejora a favor del heredero con discapacidad. O. Obras sociales. P. Pasajes para personas con discapacidad. Personas con discapacidad e identidad cultural.Pre-paga: Vejez.Prestaciones. No nomencladas. Tratamiento en el extranjero. Prestaciones adecuadas. S. Salud Mental. Servicios Públicos. Silla de ruedas. T.Transporte para trasplantados. Transporte aéreo a discapacitados. U. Urbanismo sostenible. V.Vehículo para personas con discapacidad. Vivienda. (Bibliografía: Convención de los derechos de las personas con discapacidad.- Susana Pares. Edit. Babel- 2016.-) La situación de cientos de personas procurando resolver problemas que,hacen no sólo a su subsistencia sino a su existencia, no tendría a la fecha, organismo nacional que asuma su esclarecimiento y defensa aunque lo hay y las 100 de Brasilia, validadas por la CSJN, propugnan la posibilidad de acceder a la justicia. A la luz de los arts. 27 y 104 inc.1 de la C.P., las previsiones del art.43 de la CN y el art. 14 del CCyC; se puede proponer, para Córdoba, la creación de un Defensor de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como representante permanente para asumir la defensa de este grupo y satisfacer los requerimientos de un número creciente de afectados (OMS 2011, 15% de la población mundial) dado que a la fecha los organismos existentes no tienen legitimidad procesal para el acceso a la justicia, a lo que se suma la creciente complejidad de la situación de las personas con discapacidad. “La especificidad de la función y la integración de equipos con vocación y profesionalización en la materia, no requiere una estructura de cargos. Sólo bucear en las oficinas de los Poderes del Estado, buscando personas, particularmente con discapacidad, que encuentren un espacio donde desarrollar una carrera en un campo donde hay mucho que hacer. Y convocar a ocupar los cargos que les corresponden por ley, a las personas con diversidad funcional. Es posible…” (confr. La Voz del interior 17 de junio de 2017-Susana Pares). Por ello el presente Proyecto de ley propone la creación institucional del Defensor de los Derechos de las Personas con Discapacidad, su designación resultara de la elección por mayoría del órgano deliberativo. La Legislatura debe abrir un registro para que los ciudadanos por sí o a través de organizaciones no gubernamentales, hagan sus propuestas respecto de postulantes con antecedentes curriculares. A tal efecto quedaran facultadas las Comisiones que entienden la temática del Derecho e inclusión de las Personas con Discapacidad, para especificar el procedimiento para la evaluación y selección de los postulantes. La misión será de representar los derechos de incidencia colectiva de las personas con discapacidad, adoptar para ello las medidas que fuere menester, requerir informes a oficinas públicas, propiciar la inclusión en todos los ámbitos, y toda aquella actividad que coadyuve con los fines de la institución. Se ha previsto también que La Defensoria de las Personas con Discapacidad, se sostendrá con un 6% de los fondos de la Lotería de la Provincia S.E. Ello por cuanto la finalidad del producido del juego es dirigirlo a fines que propicien la igualdad de oportunidades a personas vulnerables y que es equiparable al porcentaje que recibe una Secretaria de Estado del Gobierno de Córdoba, para responder y diseñar programas de atención a las demandas sociales de la población. No escapara al observador que la estructura legal de la presenteestá basada por supuesto en los antecedentes legislativos que obran en la provincia de Córdoba, Mendoza y otras jurisdicciones. Es indefectible no utilizar la estructura que conformo la Defensoría del Pueblo De Córdoba, de Los Niños, Niñas y Adolescentes, la de otras Provincias, y la de la Nación, con sus respectivas legislaciones, por supuesto.

Legislar sobre este tema tan sensible para nuestra sociedad es una deuda constante del legislador en todos sus órdenes. La sociedad avanza y en su frenética carrera a veces no espera a los que deben manejar otros tiempos, otras condiciones físicas o mentales. En su alocada carrera olvida a los más débiles, pisotea sus derechos, los suprime, los desconoce o simplemente no los contempla como parte de nuestra sociedad. La situación social y jurídica de la discapacidad en nuestra sociedad y en nuestras familias, necesita de un organismo específico que obre en la defensa de sus derechos y su permanente vigencia. Muchos de nuestros discapacitados también deben afrontar difíciles situaciones familiares, algunos quedan sin cobertura social, sin pensión, sin salud, sin seguridad, son abandonados y el Estado no tiene por el momento una respuesta concreta a estas situaciones tan dolorosas del contexto social en el que viven.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente proyecto de Ley.