Ley de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios

Jose Artusi
CENTROEntre Ríos

OBJETO

ARTÍCULO 1.- La presente Ley establece: a) Las normas complementarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional Nº 25.916 de “presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios”, con arreglo a la Ley Nacional Nº 25.675 General del Ambiente, y los Artículos 22º y 83º de la Constitución de Entre Ríos. b) Los principios, conceptos, garantías, objetivos, pautas, plazos, prohibiciones, responsabilidades, obligaciones y competencias para la gestión integral de los residuos domiciliarios generados en la Provincia de Entre Ríos, en forma sanitaria y ambientalmente adecuada.

OBJETIVOS

ARTÍCULO 2.- Son objetivos de la presente Ley: a) Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente, la calidad de vida y la salud de la población. b) Promover la valorización de los residuos domiciliarios a través de la implementación de métodos y procesos adecuados. c) Minimizar los impactos negativos que los residuos domiciliarios puedan producir. d) Lograr la mínima cantidad de residuos con destino a la disposición final. e) Promover la inclusión de los recolectores informales al sistema de gestión integral de residuos domiciliarios, en condiciones de dignidad y salubridad.

PRINCIPIOS

ARTÍCULO 3.- La Provincia, los municipios y las comunas de Entre Ríos fundarán la política de gestión integral de residuos domiciliarios en los siguientes principios rectores básicos: Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a la gestión de residuos domiciliarios deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, ésta prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales y sanitarios derivados de los residuos domiciliarios se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que se puedan producir sobre el ambiente y la salud humana.Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente o afectar la salud humana. No se adoptarán métodos de tratamiento o de disposición final de residuos ni se usarán y/o comercializarán productos obtenidos del procesamiento de residuos hasta que se compruebe su inocuidad. En caso de sospecha de riesgo de daño al ambiente o la población, o de falta de certeza científica sobre la peligrosidad de un método o producto, la carga de probar su inocuidad le corresponderá a la persona física o jurídica, pública o privada, que proponga, adopte o implemente un método, u oferte, use o comercialice un producto. Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la gestión integral de residuos domiciliarios deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. Principio de equidad intrageneracional: las autoridades deberán atender de manera prioritaria las necesidades de los sectores más vulnerables de la población y el impacto que tienen o pueden tener los residuos domiciliarios sobre sus condiciones sociales y sanitarias. Principio de progresividad: Los objetivos ambientales relativos a la gestión integral de residuos domiciliarios deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. Principio general de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan. Principio de responsabilidad del causante: Toda persona física o jurídica que genera, detenta o gestiona un residuo domiciliario, y/o que lo aprovecha como insumo en procesos productivos, tiene la obligación de asegurar o hacer asegurar su gestión, con arreglo a las disposiciones de esta Ley y de la Ley Nacional Nº 25.916. Principio de responsabilidad extendida: Cualquier persona física o jurídica que produzca, distribuya y/o consuma bienes y envases será responsable de reducir, en cantidad y/o calidad, la generación de residuos, conforme a las normas de la presente Ley y las que se dictaren en su consecuencia. Principio de subsidiariedad: En caso de omisión o cumplimiento irregular de lo dispuesto en la presente Ley, la Autoridad de Aplicación estará facultada para intervenir subsidiariamente y ejecutar, con cargo al municipio o comuna renuente, las acciones omitidas o irregularmente ejecutadas por la autoridad local, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder. Principio de sustentabilidad del desarrollo: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse de manera armónica con la gestión integral de residuos domiciliarios, de manera tal que no se comprometan las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. Principio de solidaridad: La Provincia, los municipios y comunas serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar en materia de residuos domiciliarios, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos. Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional, El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales vinculadas a residuos domiciliarios de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. Principio de utilización racional: la gestión integral de los residuos domiciliarios será realizada en forma racional y sobre la base del conocimiento científico disponible.

CONCEPTOS

ARTÍCULO 4.- Basura Cero. En concordancia con los Artículos 30º, 78º y 83º de la Constitución Provincial, y en el marco de esta norma, se entiende como concepto de "Basura Cero" para la gestión integral de los residuos domiciliarios en la Provincia de Entre Ríos: la progresiva reducción de la disposición final de residuos domiciliarios aprovechables, con metas y plazos precisos, mediante la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la disposición inicial selectiva, la recolección diferenciada, la reutilización y reciclaje (incluido el compostaje) de los residuos aprovechables; y por medio de la producción, distribución y consumo responsables, tendientes a la gradual reducción de la generación de desechos.

ARTÍCULO 5.- Servicio público local obligatorio. La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos domiciliarios es un servicio público local de carácter esencial, que los municipios y comunas deben prestar, con sujeción a la presente Ley y la Ley nacional Nº 25.916, en garantía de la salubridad y la preservación del ambiente.

GARANTÍAS

ARTÍCULO 6.- Garantías mínimas. La Provincia, los municipios y comunas, de acuerdo con sus atribuciones y competencias, deberán garantizar: a) la protección del ambiente, la calidad de vida y la salud de la población en la gestión de los residuos domiciliarios generados en el territorio de Entre Ríos; b) la gestión integral y el servicio público local obligatorio de los residuos domiciliarios, con arreglo a las pautas y plazos previstos en la presente ley; c) los recursos presupuestarios suficientes para la gestión integral de los residuos domiciliarios; d) el cierre y saneamiento de basurales a cielo abierto, la expurgación de espejos y cursos de agua contaminados con desechos, y la extinción y control de focos ígneos en depósitos autorizados o clandestinos de residuos, conforme a las disposiciones de esta Ley y los programas que en su consecuencia se aprueben; e) la progresiva inclusión de los trabajadores informales en la gestión integral de residuos domiciliarios, por medio de la capacitación, y la generación de cooperativas u otros modos de empleo formal en condiciones dignas y salubres de labor; f) la paulatina eliminación, en los ámbitos y etapas de gestión de residuos, del trabajo infantil, de ancianos, mujeres embarazadas o en época de lactancia, y personas con discapacidades; g) la participación social y ciudadana en todas las fases de la gestión integral de residuos domiciliarios; j) el derecho al acceso a la información pública; en particular, el libre y gratuito acceso a la información pública ambiental, establecido en el Artículo 3º de la Ley Nacional Nº 25.831; i) la educación permanente de los vecinos para el logro de una participación responsable en la gestión integral de los residuos domiciliarios; l) el gradual aprovechamiento de los residuos domiciliarios como recursos económicos para el desarrollo sustentable.

COMPETENCIAS

ARTÍCULO 7.- Corresponderá a la Provincia, a través del ente ambiental creado por medio del Artículo 84 de la Constitución Provincial, la elaboración de los planes provinciales de gestión integral de residuos domiciliarios y la autorización, vigilancia, monitoreo, control y evaluación de las actividades de producción y gestión de residuos ejecutadas por municipios y comunas. Los municipios y comunas serán competentes para la gestión integral de residuos domiciliarios en el ámbito de su jurisdicción, en los términos establecidos en esta ley y en las ordenanzas respectivas, con carácter de servicio público obligatorio. El poder de policía en materia de gestión integral de residuos domiciliarios será de competencia concurrente entre la provincia, los municipios y comunas.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 8.- Será autoridad de aplicación de la presente ley el ente ambiental creado por medio del Artículo 84 de la Constitución Provincial. Serán instrumentos de la autoridad de aplicación en materia de gestión integral de residuos domiciliarios, sin perjuicio de otros que se establezcan: la evaluación ambiental estratégica, la planificación y la gestión estratégicas, el estudio y evaluación de impacto ambiental acumulativo, el ordenamiento territorial y la planificación de los usos del suelo, la fijación de indicadores de sustentabilidad, el libre acceso a la información pública, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, y la educación e información ambiental. Serán funciones de la autoridad de aplicación: a) Diseñar, de acuerdo con los principios, objetivos y conceptos básicos enunciados en la presente ley, los planes provinciales de gestión integral de residuos domiciliarios; estableciendo el marco general, etapas, plazos, y contenidos mínimos de las acciones a desarrollar mediante los programas locales de gestión integral de residuos domiciliarios de cada municipio y comuna. Los planes provinciales de gestión integral de residuos domiciliarios deberán actualizarse con una frecuencia quinquenal. b) Evaluar, aprobar, monitorear, controlar y evaluar los programas locales de gestión integral de residuos domiciliarios de los municipios y comunas. c) Autorizar el funcionamiento de los centros de transferencia, de tratamiento y de disposición final, y ejercer el control y fiscalización posterior, de manera concurrente con los municipios y comunas. d) Supervisar y fiscalizar el avance de los proyectos en el marco de cada programa local de gestión integral de residuos domiciliarios, extendiendo a tal efecto certificaciones de avance parcial y final. e) Imponer multas en caso de incumplimiento de lo previsto por la presente ley. f) Ejecutar medidas precautorias idóneas tendientes a evitar situaciones de riesgo de daño o daño ambiental. g) En caso de verificarse daño ambiental, interponer las acciones administrativas o judiciales tendientes al debido cumplimiento de las disposiciones y al resarcimiento por daño ambiental. h) Proveer el asesoramiento para la gestión integral de residuos domiciliarios a los municipios y comunas que lo requieran, y la asistencia técnica y financiera en los casos en que resulte factible. i) Establecer un sistema de información referido a la gestión integral de residuos domiciliarios, conteniendo datos de todas las etapas y el cumplimiento de las metas propuestas, debiendo garantizarse el acceso público al mismo. j) Elaborar y publicar un informe anual sobre la gestión integral de los residuos domiciliarios en la provincia de Entre Ríos. k) Administrar los recursos económicos que se destinen a la aplicación de la presente ley. l) Gestionar fuentes de financiamiento destinadas a los municipios y comunas para facilitar el cumplimiento de lo establecido por esta ley. m) Promover la investigación y desarrollo científico y tecnológico en materias vinculadas a la gestión integral de residuos domiciliarios y crear un registro de tecnologías adecuadas para el tratamiento, procesamiento y disposición final de residuos.n) Solicitar la colaboración de las autoridades nacionales a cualquier efecto necesario para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS

ARTÍCULO 9.- Los municipios y comunas deberán ejercer las siguientes competencias: a) Todos los municipios y comunas deberán presentar a la Autoridad de Aplicación un Programa Local de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, conforme a los términos de la presente ley y de la Ley nacional 25.916. Dicho programa debe ser elevado en un lapso no mayor a dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de esta ley. En los casos en que los municipios y comunas no cumplan en tiempo y forma con la presentación requerida, la Autoridad de Aplicación podrá establecer el Programa Local de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios que corresponderá aplicar en tales municipios y/o comunas. b) Los municipios y comunas deberán ejecutar, una vez aprobado por la Autoridad de aplicación, el Programa Local de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios de su jurisdicción, debiendo revisarse y reformularse periódicamente, en plazos que determinará la reglamentación de la presente ley. c) Los municipios y comunas podrán presentar programas conjuntos, debiendo en tal caso discriminar las etapas comunes y las etapas a cargo de cada municipio y/o comuna.

DE LOS PROGRAMAS LOCALES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. CONTENIDO MÍNIMO

ARTÍCULO 10.- Sin perjuicio de lo que establezca la reglamentación y el plan provincial, los programas locales de gestión integral de residuos domiciliarios deberán contar con los siguiente contenidos mínimos: a) Descripción del ambiente natural, descripción de la situación socio-económica y de la infraestructura local. b) Caracterización y descripción de cada etapa de la gestión integral de residuos domiciliarios: generación, disposición inicial, recolección, transporte, transferencia, tratamiento, valoración y disposición final. c) Programas de difusión y educación y mecanismos de participación ciudadana en el proceso decisorio. d) Evaluación de Impacto Ambiental. e) En el caso de los municipios de más de 10.000 habitantes, de manera previa a su aprobación por las autoridades locales y su remisión a la Autoridad de Aplicación, los programas de gestión integral de residuos domiciliarios deberán tratarse en una Audiencia Pública, cuyos registros formarán parte del expediente a remitir. f) Los programas locales de gestión integral de residuos domiciliarios deberán estar firmados por un profesional habilitado, de acuerdo a los requisitos que fijará la reglamentación.

DEFINICIONES, PAUTAS BÁSICAS Y PLAZOS RESIDUOS COMPRENDIDOS Y EXCLUIDOS DE LA PRESENTE LEY

ARTÍCULO 11.- Residuos Domiciliarios (RD). A los efectos de la presente Ley, se considerará residuo domiciliario (RD) a cualquier sustancia u objeto sólido, semisólido o líquido, de materia orgánica o inorgánica, generado y desechado como consecuencia del consumo y desarrollo de actividades humanas realizadas en los núcleos poblacionales urbanos y rurales, cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional, asistencial e industrial. Las disposiciones de la presente serán también de aplicación a aquellos residuos domiciliarios que pudieren constituirse en insumos para procesos productivos.

ARTÍCULO 12.- Residuos excluidos. Quedan excluidos de los alcances de esta Ley los residuos regidos por las Leyes Nacionales Nº 24.051 de Residuos Peligrosos (patológicos y otros), Nº 25.612 de Residuos Industriales, Nº 25.018 de Residuos Radioactivos, Nº 25.670 de Gestión y Eliminación de PCBs, la Ley Provincial Nº 8.880 de Adhesión a la Ley Nº 24.051 y el Decreto Provincial Nº 6009/00 de Reglamentación de la Ley Nº 8.880 en lo relativo a biopatogénicos.

ARTÍCULO 13.- Residuos especiales (RE). No están comprendidos en la definición de residuos domiciliarios los residuos que a continuación se enumeran: a) Desechos cloacales (incluidos los desechos sólidos y líquidos contenidos en los pañales descartables), excrementos de mascotas u otros animales, restos humanos y de animales provenientes de cementerios, domicilios particulares u otros lugares no enumerados en el Artículo 19º de la Ley Nº 24.051. b) Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal, y termómetros de mercurio. c) Placas radiográficas no almacenadas en las instalaciones indicadas en los Artículos 3º y 6º de la Ley Nº 25.018, ni transferidas a la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.018. d) Algodones, toallitas descartables, gasas, curitas, vendas usadas, jeringas, elementos impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles que se generan y desechan en lugares no enumerados en el Artículo 19º y en el Anexo I de la Ley Nº 24.051. e) Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (REEE), tubos fluorescentes, lámparas de bajo consumo, pilas y baterías. f) Residuos gaseosos contenidos en aerosoles, sifones de vidrio, garrafas, matafuegos (con mecanismos de impulsión bajo presión de un gas), tubos de oxígeno y cilindros de GNC. g) Restos y envases de glifosato, endosulfán u otros biciocidas. j) Residuos resultantes de obras de construcción y pintura de inmuebles, indicados en el Anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos.

ARTÍCULO 14.- Peligrosidad de los residuos domiciliarios. En la Provincia de Entre Ríos, será considerado peligroso, de acuerdo con el Artículo 2º de la Ley Nº 24.051, y a consecuencia del Artículo 2º, inciso g), de la Ley Nº 25.675, todo residuo domiciliario no gestionado, o cuya gestión no se ajuste o no se haya ajustado a las disposiciones de la presente Ley. En particular, serán considerados peligrosos los residuos domiciliarios que se hallen abandonados a la intemperie, arrojados a espejos o cursos de agua (incluidos los sistemas de drenaje pluvial, y las redes cloacales y de agua potable), o estén liberando y propagando, mediante humos producto de la quema en vertederos autorizados o clandestinos, sustancias nocivas para el ambiente y la población. Para determinar el grado de contaminación y daño, directo o indirecto, que estos residuos pudieran causar se tendrá especialmente en cuenta su tiempo y modo de degradación. En caso de haberse mezclado un residuo domiciliario con uno o varios residuos peligrosos, regidos por la Ley Nº 24.051, el conjunto será considerado categoría Y 48 del Anexo I de dicha Ley Nacional.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

ARTÍCULO 15.- Gestión integral de residuos domiciliarios (GIRD). Es el conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para manejar los RD, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida y la salud de la población, y convertirlos en recursos económicos en forma compatible con el concepto de “Basura Cero”. La gestión integral de residuos domiciliarios comprende las siguientes etapas: generación, disposición inicial, recolección, transporte, transferencia y tratamiento, y disposición final.

ETAPA DE GENERACIÓN

ARTÍCULO 16.- Generación. Es la actividad que comprende la producción de residuos domiciliarios. Los programas locales de gestión integral de RD deberán promover: a) la progresiva reducción en origen de la cantidad de residuos domiciliarios por disponer inicialmente; b) el concepto de consumo responsable; c) la adopción de formas de tratamiento domiciliario de los residuos orgánicos. ETAPA DE DISPOSICIÓN INICIAL

ARTÍCULO 17.- Disposición inicial. Es la acción realizada por el generador, por la cual los residuos domiciliarios (clasificados en orgánicos o húmedos, y en inorgánicos o secos) son colocados en los lugares, días y horarios, y condiciones establecidos por los municipios y comunas. El acopio y disposición inicial deberá ser selectiva; con clasificación y separación de residuos en origen a cargo del generador. Los municipios y comunas podrán obligar a los generadores a entregar los RD inorgánicos limpios y secos.

ARTÍCULO 18.- Programas de GIRD. Los programas de gestión integral de RD deberán prever: a) la implementación gradual de la disposición inicial selectiva en todo el ejido de los municipios y comunas, estableciendo metas y plazos para tal objetivo; b) la sensibilización, concientización y educación de los generadores en materia de separación en origen de los residuos.

ARTÍCULO 19.- Plazo. Queda prohibida la disposición inicial “general”, sin clasificación y separación de residuos. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación de la presente ley el cronograma correspondiente para el inicio de la vigencia de esta prohibición.

ETAPA DE RECOLECCIÓN

ARTÍCULO 20.- Recolección. Es la actividad que consiste en recoger y cargar los residuos domiciliarios en los vehículos recolectores, y la de vaciar los recipientes y contenedores, si correspondiere. La recolección deberá ser diferenciada: discriminando por tipo de residuo en función de su posterior tratamiento, valoración, aprovechamiento o disposición final; y en los días y horarios de recolección diferenciada que determinen las autoridades municipales o comunales. La carga de RD en los vehículos recolectores se realizará en condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores, y preservando los residuos a los fines de su posterior valorización.

ARTÍCULO 21.- Programas de GIRD. Los Programas de gestión integral de RD deberán establecer, con metas y plazos expresos: a) la implementación progresiva de la recolección diferenciada en todo el ejido de los municipios y comunas; b) la gradual provisión de recipientes y contenedores; c) la capacitación de los recolectores con respecto a recolección diferenciada de residuos, y normas de seguridad e higiene.

ARTÍCULO 22.- Plazo. Queda prohibida la recolección “general”: sin discriminar los distintos tipos de residuos. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación de la presente ley el cronograma correspondiente para el inicio de la vigencia de esta prohibición.

ETAPA DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 23.- Transporte. El traslado de residuos domiciliarios, entre los diferentes sitios comprendidos en la gestión integral, deberá ser en todo su recorrido diferenciada: con separación de los residuos orgánicos de los inorgánicos. El traslado de RD se realizará en vehículos recolectores que aseguren la carga transportada, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida y la salud de la población, y preservar los residuos para su posterior valorización.

ARTÍCULO 24. Programas de GIRD. Los Programas de gestión integral de RD deberán fijar, con metas y plazos precisos:  a) la progresiva implementación del transporte diferenciado en todas las etapas de la GIRD; b) la gradual inclusión en la GIRD de los trabajadores informales que recolectan y transportan residuos en carros de tracción a sangre u otros, en forma sanitaria y ambientalmente adecuada; c) la capacitación de los transportistas acerca del transporte diferenciado, y normas de seguridad e higiene.

ARTÍCULO 25.- Plazo. Queda prohibido: a) el transporte de residuos domiciliarios “general”: sin diferenciar en desechos orgánicos e inorgánicos; b) mezclar y transportar RD con residuos jurídicamente considerados como no domiciliarios, incluidos los residuos especiales (RE) establecidos en la presente Ley. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación de la presente ley el cronograma correspondiente para el inicio de la vigencia de esta prohibición.

ETAPA DE TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO TRANSFERENCIA

ARTÍCULO 26.- Transferencia. En el marco de la presente Ley, se entiende por transferencia a las actividades de recepción, acumulación, manipuleo, clasificación, selección, acondicionamiento (tales como la higienización y enfardado) y/o almacenamiento transitorio de los residuos domiciliarios provenientes de la recolección y transporte diferenciados, realizadas en los centros o instalaciones que sean habilitados a tales efectos por las autoridades competentes, para luego ser derivados a centros de tratamiento, colocados en el mercado como insumos, o transportados a sitios de disposición final en el caso de los residuos que se consideren no aprovechables.

ARTÍCULO 27.- Pautas mínimas. Se establecen las siguientes pautas mínimas para la habilitación y funcionamiento de los centros de transferencia: a) las autoridades competentes podrán habilitar centros de transferencia dentro de su jurisdicción: uno para los residuos inorgánicos, y otro para los orgánicos; los que podrán estar ubicados en un mismo predio o en predios lindantes, a condición de que las instalaciones y las operaciones de transferencia sean estrictamente diferenciadas por tipo de residuo domiciliario; b) se ubicarán en lugares suficientemente alejados de asentamientos habitacionales, y de patrimonios culturales o naturales protegidos o por proteger (incluidos espejos y cursos de agua), y se ejecutarán en la cantidad y escala que fuere necesario de acuerdo con la cantidad de habitantes de cada municipio o comuna; c) deberán estar a cargo de profesionales idóneos en gestión de residuos, contar con personal capacitado en el manejo de RD, y cumplir con normas de seguridad e higiene, registradas en un manual de procedimiento; d) estarán dotados de superficies internas y externas suficientes para el acondicionamiento y acopio transitorio de los residuos, y de cintas transportadoras en la cantidad que sea menester para la clasificación y selección de los residuos; e) los centros de transferencia de residuos inorgánicos deberán contar con enfardadoras, y si fuere posible, dispondrán de trituradoras y máquinas de compactar para el acondicionamiento de los residuos como insumos; f) los centros de transferencia de residuos orgánicos tendrán que efectuar tareas de separación automática y manual de la fracción húmeda entrante, por medio de cintas transportadoras, con el objeto de controlar y asegurar la calidad de la fracción por transferir a centros de biodegradación.

ARTÍCULO 28.- Colocación de insumos en el mercado. Los centros o instalaciones de transferencia deberán asegurarse de que los insumos por colocar o colocados en el mercado serán reciclados o re-usados por los adquirentes con sujeción a las disposiciones de esta Ley. Los municipios y comunas, en ejercicio de su competencia para habilitar y clausurar comercios e industrias, fiscalizarán y controlarán in situ los locales y las actividades de los compradores de insumos provenientes de centros de transferencia, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley.

TRATAMIENTO

ARTÍCULO 29.- Tratamiento. El tratamiento comprende el conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y valorización de los residuos, realizadas en los centros o instalaciones que sean habilitados a tales efectos por las autoridades competentes. Se entiende por acondicionamiento a las operaciones realizadas a fin de adecuar los residuos para su valorización o disposición final; y por valorización, a todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje físico, químico, mecánico o biológico, y la reutilización. El tratamiento de los residuos domiciliarios generados en la Provincia de Entre Ríos deberá realizarse mediante metodologías limpias, compatibles con el concepto de “Basura Cero”.

ARTÍCULO 30.- Tratamiento de residuos orgánicos. Son compatibles con el concepto de “Basura Cero” los métodos de transformación, o reciclaje, de residuos orgánicos mediante: a) lombricultura: producción de compost con lombrices; b) compostaje aérobico: degradación biológica para producir compost, con o sin posterior lombricultura destinada al refinamiento del producto; c) la biometanización: fermentación anaeróbica en biodigestores para obtener compost y biogás; d) otros métodos de biodegradación; e) Otros métodos adecuados en un todo a lo dispuesto en la presente ley.

ARTÍCULO 31.- Tratamiento de residuos inorgánicos. Son compatibles con el concepto de “Basura Cero” los métodos de transformación (reciclaje) y de recuperación sin transformación (re-uso) de residuos inorgánicos mediante los que puedan aprovecharse los componentes de los residuos sin provocar efectos contaminantes (sobre suelo, agua, aire, flora o fauna) ni durante el proceso de tratamiento ni con el producto obtenido.

ARTÍCULO 32.- Métodos no compatibles con el concepto de “Basura Cero”. No son compatibles con Basura Cero, sin perjuicio de otros métodos incompatibles aquí no enumerados, los siguientes tratamientos de residuos domiciliarios: a) los métodos que encapsulan la materia orgánica e interrumpen en forma temporal la biodegradación por medio de estabilización físico-química con cal viva u otros insumos; d) los métodos de obtención de briquetas como combustibles para hornos de cemento, o de otros procesos industriales, a base de polímeros y neumáticos residuales, o de mezclas que incluyan estos residuos; e) los procesos de los que resultan rechazos superiores al 10% del volumen total de residuos entrantes a tratamiento;

ARTÍCULO 33.- Prohibiciones. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, queda prohibida: a) la adopción e implementación, en la Provincia de Entre Ríos, de los métodos de tratamiento de residuos enumerados en el Artículo 32º de esta Ley; b) la contratación de empresas localizadas en otras jurisdicciones provinciales o en el extranjero, que apliquen alguna de las metodologías indicadas en el Artículo 32º de la presente, para efectuar el tratamiento de los residuos generados en territorio entrerriano. Lo dispuesto en este inciso será también de aplicación a los residuos pasibles de ser recuperados como insumos para procesos productivos.

ARTÍCULO 34.- Pautas mínimas para centros de tratamiento de residuos orgánicos. Se establecen las siguientes pautas mínimas para la habilitación y funcionamiento de los centros de lombricultura, compostaje y biodigestión: a) serán habilitados por las autoridades competentes; pudiendo implementarse en los mismos predios destinados a la transferencia o en predios lindantes, siempre y cuando se respete la separación de orgánicos e inorgánicos en el diseño y funcionamiento de los centros; b) contarán con personal técnicamente capacitado en la metodología adoptada para tratar los residuos orgánicos, y cumplirán con normas de seguridad e higiene, registradas en un manual de procedimientos; c) para la producción, control y fiscalización de compost, se regirán por la Ley Nacional Nº 20.466 de Fertilizantes y Enmiendas y el Decreto Nacional Nº 4.830 de Reglamentación; sin perjuicio de las normas complementarias que se pudieren dictar en la materia; d) el control del compost que produzcan se realizará, por convenios sin cláusulas de confidencialidad, en laboratorios que cuenten con personal y tecnología para efectuar análisis microbiológicos y de nivel de indeseables presentes en los productos derivados de residuos domiciliarios; e) el control del biogás que generen se efectuará, por convenios sin cláusulas de confidencialidad, con ENARGAS y/o con el EPRE, dependiendo del uso que se le dé al biogás. Estos organismos deberán inspeccionar in situ los biodigestores y demás instalaciones de biodigestión, de acuerdo con las pautas y frecuencia que establezca la reglamentación de la presente, y en forma previa a la suscripción de la documentación que, según el caso, correspondiere elevar a la Autoridad de Aplicación y a las autoridades competentes de cada jurisdicción; f) sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos d) y e) de este Artículo, la Autoridad de Aplicación y las autoridades competentes de cada jurisdicción fiscalizarán y controlarán los centros de tratamiento de orgánicos poniendo especial atención en el manejo que éstos hagan de los lixiviados, y en el destino que le darán o hayan dado a los productos obtenidos; g) podrán usarse, como materias primas para la producción de compost, lombricompuesto o de biogás, estiércol animal o desperdicios de mataderos, con la condición de que no estén contaminados, lo cual deberá probarse antes de que estos desechos sean empleados;

ARTÍCULO 35.- Uso del compost producido en centros habilitados. El compost obtenido en centros habilitados para lombricultura, compostaje o biodigestión de residuos domiciliarios podrá usarse como abono y/o mejorador de suelos en jardines y parques, o para mejoramiento de suelos agrícolas, incluidos los suelos de cultivos forestales.

ARTÍCULO 36.- Tratamiento domiciliario de residuos orgánicos. La Provincia y los municipios y comunas, por medio de políticas activas, fomentarán la lombricultura, compostaje y biodigestión domiciliarias para uso y beneficio familiar, y como metodologías ambientalmente adecuadas para la reducción de residuos en origen.

ARTÍCULO 37.- Pautas mínimas para centros de tratamiento de residuos inorgánicos. La reglamentación de la presente Ley deberá establecer las pautas para la habilitación y funcionamiento de los centros o plantas de tratamiento de residuos inorgánicos. La Autoridad de Aplicación y las autoridades competentes de cada jurisdicción fiscalizarán y controlarán los centros o plantas para tratar inorgánicos poniendo especial atención en el manejo y eliminación que estos sitios efectúen de los desechos gaseosos o líquidos resultantes de los procesos de tratamiento, y en el destino que le darán o hayan dado a los productos obtenidos.

DISPOSICIONES COMUNES SOBRE TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO

ARTÍCULO 38.- Capacitación en residuos no domiciliarios. Los responsables y el personal de los centros o instalaciones de transferencia y tratamiento de RD deberán estar capacitados en materia de residuos peligrosos y otros residuos no domiciliarios, mediante programas de capacitación que incluyan contenidos conceptuales y procedimentales.

ARTÍCULO 39.- Residuos por derivar a depósito permanente. Los RD que en los centros o instalaciones de transferencia se consideren no pasibles de ser re-usados o reciclados, los residuos no aprovechados, los rechazos de los procesos de tratamiento, e incluso los lotes de compost cuyos análisis en laboratorios resultaren negativos, deberán ser derivados, sin excepción, a los sitios de disposición final debidamente habilitados por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 40.- Proyectos. Las universidades radicadas en la provincia tendrán prioridad de inclusión en el diseño y ejecución de proyectos relativos a sitios y procesos de transferencia y tratamiento de RD, las que deberán sujetarse a las disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO 41.- Inclusión de trabajadores informales. Los municipios y comunas tendrán que incluir progresivamente, por medio de programas que fijen metas y plazos, a los trabajadores informales de la basura en las acciones y sitios previstos en la presente Ley para la etapa de transferencia y tratamiento de la gestión integral de RD, compatibilizando el derecho de éstos a trabajar y obtener recursos con el deber estatal de proteger el ambiente, la calidad de vida y la salud de la población.

ARTÍCULO 42.- Plazos. Todos los municipios y comunas de la Provincia de Entre Ríos deberán realizar los tratamientos de sus residuos domiciliarios de acuerdo con las normas de la presente Ley, en centros debidamente autorizados por la Autoridad de Aplicación y habilitados por la autoridad competente que corresponda. A tales efectos, podrán suscribir convenios de regionalización con otros municipios o comunas para tratar los residuos en centros localizados fuera de sus ejidos. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación de la presente ley el cronograma correspondiente para el inicio de la vigencia de esta disposición.

ETAPA DE DISPOSICION FINAL

ARTÍCULO 43.- Disposición final. La disposición final comprende el conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente, en los sitios de disposición final debidamente habilitados por la autoridad competente, de los residuos domiciliarios que no hayan sido aprovechados, y de las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos de tratamiento adoptados. Asimismo, quedan comprendidas en esta etapa las actividades propias de la clausura y post clausura de los centros de disposición final.

ARTÍCULO 44.- Sitios locales y regionales. Los programas locales de gestión integral de residuos domiciliarios preverán la elección de la localización y ejecución de los sitios de disposición final, conforme a las normas del Artículo 20º de la Ley Nº 25.916 y de la presente Ley, en base a dos alternativas: a) Sitios locales: dentro de sus propias jurisdicciones municipales o comunales; b) Sitios regionales: teniendo en cuenta cercanías y escalas demográficas, en un lugar suficientemente cercano a una de las localidades asociadas y elegido de común acuerdo. En estos casos, la gestión relacionada con la disposición final de residuos, los costos de ella derivada, y la fiscalización y control de los depósitos permanentes serán compartidos entre las comunas o municipios involucrados; sin perjuicio de las competencias y obligaciones que, conforme a la presente Ley, le correspondan al respecto a la Provincia.

ARTÍCULO 45.- Sitios provinciales. La Provincia podrá ejecutar, de acuerdo con las pautas fijadas en el Artículo 20º de la Ley Nº 25.916, sitios de disposición final provinciales de residuos domiciliarios cuando se trate de municipios o comunas que no puedan cumplir con lo establecido en esta Ley sobre localización de los sitios de disposición final, sea porque no se garantizan condiciones técnico-ambientales adecuadas, haya ausencia de espacios aptos disponibles u otra razón debidamente justificada por escrito que la Autoridad de Aplicación considere al respecto. En estos casos, la ubicación y ejecución de los sitios se hará de común acuerdo con los municipios o comunas involucrados, los que participarán en el control de gestión, y compartirán con la Provincia los gastos de construcción, funcionamiento y mantenimiento de los centros.

ARTÍCULO 46.- Condiciones. Para la elección de sitios regionales o provinciales de disposición final, será obligatorio que se hayan cumplimentado, en forma previa a la toma de decisiones, los requisitos que a continuación se enumeran: a) Realización de una Audiencia Pública, convocada por la Autoridad de Aplicación; con participación de los habitantes de los municipios o comunas comprendidos. b) Presentación pública del Dictamen del Consejo Provincial para la GIRD. c) Elevación de un informe, suscripto por la Autoridad de Aplicación y/o, si correspondiere, por los Departamentos Ejecutivos de las jurisdicciones implicadas, a ambas Cámaras de la Legislatura Provincial y a los Concejos Deliberantes que corresponda.

ARTÍCULO 47.- Pautas mínimas para la elección de los lugares. Los centros de disposición final deberán ubicarse en sitios aptos, de manera tal de no afectar la calidad de vida de la población. Su emplazamiento deberá determinarse considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante un lapso que incluya el período posterior a la clausura. No podrán establecerse dentro de áreas protegidas, o de sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural o cultural por resguardar. Tampoco podrán ubicarse en lugares inundables, próximos a espejos y/o cursos de agua, o de zonas de recarga de acuíferos que provean o puedan proveer de agua para consumo. Queda terminantemente prohibido ubicar centros de disposición final en islas y humedales, incluidas sus cercanías.

ARTÍCULO 48.- Pautas mínimas de habilitación y funcionamiento. Se establecen las siguientes pautas técnicas mínimas para la habilitación y funcionamiento de los sitios de disposición final: a) los centros de disposición final serán definidos y ejecutados en base a técnicas de ingeniería sanitaria y ambiental, por profesionales idóneos en la materia; los que preverán la vida útil que tendrán los depósitos, y el período que abarcará la operación y mantenimiento del sistema; b) los suelos sobre los que se extenderán los RD en capas, o las fosas en que éstos se dispondrán, deberán ser impermeables o estar adecuadamente impermeabilizados; c) los sitios tendrán que contar con drenajes para la adecuada gestión de escorrentías superficiales, y con sistemas de tratamiento de lixiviados y de control de emisiones gaseosas, para evitar o reducir la contaminación de suelo, napas o aire. Asimismo, contarán con insumos e infraestructura para la higiene del personal, su indumentaria y herramientas de trabajo; d) los centros realizarán en forma diaria las tareas de compactación y cobertura de los residuos, a los efectos de prevenir y/o controlar vectores de enfermedades; sin perjuicio de otras medidas que correspondiere aplicar para proteger el ambiente y la calidad de vida de la población, las que se establecerán por medio de Planes y/o Manuales de Manejo Ambiental y Sanitario de los sitios; e) los responsables y el personal a cargo de los centros deberán ser personas capacitadas e idóneas en el manejo de sitios de disposición final y de residuos domiciliarios, e incluso de residuos peligrosos y especiales; los que cumplirán con normas de seguridad e higiene, registradas en un manual de procedimiento; f) la disposición final tendrá que efectuarse en forma diferenciada: con separación de los residuos inorgánicos de los orgánicos, incluso en los casos de los lotes de compost rechazados en laboratorio; g) en los depósitos permanentes no podrán quemarse residuos ni mezclarse residuos domiciliarios con otros tipos de residuos; j) el cierre y post cierre de los centros de disposición final será definido y ejecutado de acuerdo con lo establecido en el inciso a) de este Artículo. Para decidir su continuidad o cierre, deberá evaluarse la capacidad de carga y las condiciones sanitario-ambientales de los sitios, en función de la cantidad de años previstos para la operación y mantenimiento del sistema.

ARTÍCULO 49.- Competencias. La Autoridad de Aplicación fijará otras pautas técnicas y metodológicas para la ubicación, diseño, ejecución, operación, cierre y post cierre de los sitios de disposición final, en base a las que determine la reglamentación de la presente, y de los parámetros científico-tecnológicos que se ajusten a las disposiciones de esta Ley. Asimismo, ejercerá el control y fiscalización de estos sitios en forma conjunta con los municipios o comunas, conforme a las competencias otorgadas en la presente a las distintas jurisdicciones.

ARTÍCULO 50.- Vertederos a cielo abierto, agua contaminada con residuos, focos ígneos y residuos no generados en Entre Ríos, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley. Serán de aplicación, desde la entrada en vigencia de la presente Ley, las siguientes disposiciones: a) Objetivo - Los Programas de gestión integral de los municipios y comunas incluirán, como uno de sus objetivos centrales, la progresiva eliminación de la práctica, sea pública o privada, de arrojar residuos en vertederos a cielo abierto, estableciendo todas las medidas educativas, operativas y de fiscalización que correspondieren para alcanzar tal objetivo. b) Acciones de remediación y control - Los municipios y comunas deberán expurgar los espejos y cursos de agua contaminados con residuos, erradicar los basurales a cielo abierto clandestinos e impedir el establecimiento de nuevos vaciaderos a cielo abierto. Asimismo, con todos los medios que correspondan, deberán extinguir y evitar la presencia de focos de combustión en los vertederos existentes, sean autorizados o clandestinos. c) Acciones de mitigación - Las autoridades municipales y comunales quedan obligadas a mitigar los impactos ambientales y sanitarios que causen los residuos depositados a cielo abierto, por medio de acciones tendientes a limitar la proliferación de vectores de enfermedades en los vaciaderos, y a mejorar las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores informales de la basura, sus familias y hogares. Asimismo, a medida que implementen la disposición inicial, la recolección y el transporte diferenciados, y hasta que se cumpla el plazo fijado en esta Ley, deberán depositar progresivamente los residuos domiciliarios en forma diferenciada: separando los orgánicos de los inorgánicos dentro de los vertederos autorizados. d) Quema de residuos - Queda prohibida la quema de residuos, incluso de restos verdes resultantes de la poda, tala u otras circunstancias, en basurales a cielo abierto autorizados o clandestinos. Lo dispuesto en este inciso será también de aplicación a la quema de neumáticos en la vía pública o en cualquier manifestación o reunión de personas en espacios públicos o privados. e) Vertido en agua de residuos - Queda asimismo prohibido arrojar residuos en espejos y/o cursos de agua, incluidos los sistemas cloacales y de drenaje pluvial. Lo establecido en este inciso será también de aplicación a los líquidos percolados no tratados de los basurales a cielo abierto. Sin perjuicio de lo cual, se otorga un plazo de 180 (ciento ochenta) días corridos, desde la entrada en vigencia de la presente, para que los municipios y comunas apliquen medidas de carácter transitorio que permitan evitar, hasta que se cumpla el plazo fijado en esta ley, el vertido en agua de dichos líquidos. f) Entrada y salida de residuos del territorio provincial - Se prohíbe la entrada a la Provincia de Entre Ríos, con destino a disposición final, de residuos provenientes de otras jurisdicciones provinciales o de países extranjeros; y la salida, con destino a disposición final fuera del territorio provincial, de residuos generados en cualquier sitio de la Provincia.

ARTÍCULO 51.- Disposición final. Pautas y prohibiciones. La disposición final de residuos domiciliarios deberá realizarse, en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, con arreglo a lo establecido en esta Ley. A tal efecto, la Provincia, los municipios y comunas, de acuerdo con sus obligaciones y competencias, preverán con debida anticipación la ejecución de los sitios locales, regionales o provinciales de disposición final, en la cantidad y escala que correspondiere. Queda prohibida en toda la Provincia la disposición final en vertederos a cielo abierto. Con tal fin, las autoridades provinciales y locales, según sus competencias y deberes, tendrán que prever con suficiente antelación la clausura y saneamiento de los vaciaderos que estuvieren a la fecha funcionando con autorización, a base de pautas técnico-científicas ajustadas a las disposiciones de la Ley Nº 25.675 y la normativa vigente sobre residuos domiciliarios.

PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

ARTÍCULO 52.- Obligaciones del Estado. La Provincia, los municipios y comunas deberán: a) promover la producción, distribución y consumo responsables, con políticas de concientización, educación y participación ciudadana, tendientes a la gradual y efectiva adopción de responsabilidades de la sociedad y de los distintos sectores con respecto a la reducción de la generación de residuos en la Provincia de Entre Ríos; b) establecer obligaciones, en forma periódica y de carácter progresivo, para los productores de bienes de consumo, en lo referente a la eliminación del uso de tóxicos en los productos y/o sus procesos de fabricación, el reemplazo de embalajes descartables mediante la producción de envases biodegradables o retornables, y el diseño de productos más duraderos y fáciles de reciclar o re-usar; c) fijar responsabilidades, de modo periódico y de carácter gradual, para los distribuidores y consumidores, con relación la reducción de la venta y compra de bienes y envases descartables; y a la adopción de productos y/o envases biodegradables, retornables, más duraderos o no tóxicos en los procesos de comercialización y consumo; d) adecuar, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, las resoluciones que hayan dictado sobre productos y envases, incorporando, respecto de éstos, disposiciones acerca del final de su vida útil o en etapa de desecho y gestión integral.

ARTÍCULO 53.- Obligaciones de productores, distribuidores y consumidores. Los productores, distribuidores y consumidores de la Provincia de Entre Ríos deberán cumplir con las disposiciones provinciales, municipales o comunales que se dictaren en consecuencia de las disposiciones de la presente Ley, en materia de productos y embalajes para la reducción de la generación de residuos, en cantidad y/o calidad.

FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN INTEGRAL 

ARTÍCULO 54.- Las acciones ejecutadas por los responsables de los Programas Locales de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios serán fiscalizadas por la autoridad de aplicación.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 55.- La Provincia, los municipios y las comunas, según el ámbito que corresponda, deben realizar actos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de la reglamentación que en su consecuencia se dicte.

AUDIENCIAS PÚBLICAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ARTÍCULO 56.- Consulta ciudadana. Audiencias Públicas – Se declara de interés público la consulta ciudadana previa a la toma de decisiones en materia de gestión integral de residuos domiciliarios. Las autoridades competentes de cada jurisdicción deberán realizar Audiencias Públicas no vinculantes, a fin de recabar opinión ciudadana en los casos y materias establecidos en la presente Ley, en forma previa a la adopción de decisiones mediante licitaciones por decreto, contratos de obra u otros instrumentos legales utilizados para adoptarlas. En la convocatoria se invitará especialmente a participar y emitir opinión a las universidades públicas y las organizaciones ciudadanas no gubernamentales. El incumplimiento de los recaudos exigidos en esta norma determinará la nulidad de las resoluciones administrativas que se dicten en la materia. El apartamiento de la opinión ciudadana recabada en las Audiencias deberá ser fundado.

ARTÍCULO 57.- Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) – La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se define, en el marco de la presente, como el procedimiento completo que comprende el Estudio del Impacto Ambiental (ESIA), la Revisión del Estudio del Impacto Ambiental (REIA), la instancia de participación pública, la Declaración del Impacto ambiental (DIA), y otros pasos considerados esenciales por las normas vigentes al respecto.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

ARTÍCULO 58.- Información estadística - Los municipios y comunas deberán enviar información estadística a la Autoridad de Aplicación, a fin de que ésta la registre, publique y sirva de base para la confección del Plan Provincial establecido en la presente Ley. Sin perjuicio de otros datos que se establezcan en la reglamentación, los datos enviados por cada municipio o comuna se referirán a: a) Generación de residuos per cápita (en kg/día). b) Volumen total de residuos generados localmente (en ton/día). c) Composición de los residuos producidos en la localidad (promedio anual y variaciones estacionales al respecto en porcentajes de fracción orgánica e inorgánica). d) Indicador de cobertura de recolección y barrido de calles, e indicador de cobertura de tratamiento y disposición final de los residuos domiciliarios. e) Porcentaje de residuos recuperados y reciclados, y porcentaje de residuos depositados en forma permanente sobre el total de residuos generados en el municipio o comuna. f) Porcentaje de inicio y porcentaje de avance en la separación en origen de los residuos.

COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

ARTÍCULO 59.- Creación. Pautas – Créase, en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de las actividades correspondientes a la GIRD y del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. Esta Comisión Bicameral Permanente se regirá por las siguientes pautas: a) Integración - Será integrada por 6 (seis) diputados y 6 (seis) senadores, designados por cada Cámara, a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas que hubiere. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la Comisión se instalará inmediatamente, previa designación de sus integrantes. b) Duración en el cargo - Sus miembros durarán dos años, de no ser relevados mediante resolución expresa de la Cámara que integran. Cuando se constituya la Comisión, según el plazo establecido en el inciso anterior, sus miembros durarán hasta la nueva renovación de la Cámara a la que pertenecen. Los integrantes de la Comisión Bicameral podrán ser reelectos. c) Autoridades – Los miembros de la Comisión Bicameral elegirán anualmente un Presiden te y un Secretario, los que podrán ser reelectos. La presidencia será alternativa y corresponderá un año a cada Cámara. d) Funcionamiento – La Bicameral podrá funcionar durante el receso legislativo, y deberá requerir a la Presidencia de ambas Cámaras los recursos necesarios para su normal desenvolvimiento. En todos los casos las reuniones de la Comisión serán públicas. Asimismo, todos los actos y documentos, emanados o recopilados por esta Comisión serán de libre acceso. e) Quórum - La Comisión Bicameral sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Sin embargo, en el supuesto de que en dos citaciones no lograra completar el quórum, previo conocimiento de las Cámaras, la Comisión podrá sesionar y dictaminar con la presencia de un tercio de sus miembros. Si la mayoría de la Comisión, en forma reiterada, estuviere impedida o rehusare concurrir, la minoría deberá ponerlo en conocimiento de la Cámara que corresponda, la cual procederá a integrarla con otros miembros, en forma transitoria o definitiva según el caso. f) Reglamento - La Comisión Bicameral Permanente dictará su reglamento de funcionamiento interno de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Ante una falta de previsión en el reglamento interno y en todo aquello que sea procedente, serán de aplicación supletoria los reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados.

ARTÍCULO 60.- Competencias – La Comisión Bicameral Permanente, creada mediante esta Ley, tendrá las siguientes competencias: a) Realizar el seguimiento y control del Plan Provincial y los Programas locales, sean municipales o comunales. b) Producir dictámenes con destino a la mejora del plan provincial de gestión integral de residuos domiciliarios, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley. c) Aprobar o desechar el informe anual, elevado por la Autoridad de Aplicación. d) Controlar y fiscalizar, cuando lo estime necesario, conveniente o le sea requerido formalmente, las instalaciones y actividades de gestión integral de residuos domiciliarios por medio de pedidos de informes y/o interpelaciones a las autoridades que correspondan. e) Otras competencias no enumeradas en esta Ley pero que correspondan para el seguimiento y control de las actividades de la GIRD y del cumplimiento de las disposiciones de la presente en el marco del respeto a la división de poderes. Para cumplir sus fines, la Comisión Bicameral estará facultada a requerir y recibir información y documentación, y realizar investigaciones referidas a sus competencias, tanto en el sector público como en el privado.

INFRACCIONES, SANCIONES Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 61.- Sanciones - El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de la reglamentación que en su consecuencia se dicte, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder, será sancionado con: a) Apercibimiento. b) Multa de aplicación principal o accesoria. c) Suspensión total o parcial de la actividad. d) Cese definitivo, total o parcial, de la actividad. e) Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones donde se realiza la actividad.

ARTÍCULO 62.- Infracciones de personas físicas y jurídicas - Las sanciones de suspensión, cese y clausura, a que se refieren respectivamente los incisos c), d) y e) del Artículo 61, serán de aplicación, según corresponda, con respecto a actividades realizadas por personas jurídicas, sean éstas públicas, privadas, de carácter mixto o concesionarias del servicio público obligatorio establecido en la presente Ley. En el caso de personas físicas que efectuaren actividades sin debida habilitación, la Autoridad de Aplicación decidirá el tipo y graduación de la sanción que corresponda aplicar, de acuerdo con la normativa vigente en materia de habilitaciones.

ARTÍCULO 63.- Infracciones de municipios y comunas - La omisión o cumplimiento irregular de lo dispuesto en esta Ley facultará a la Autoridad de Aplicación para imponer al municipio o comuna infractor las sanciones establecidas en el Artículo 61 de la presente.

ARTÍCULO 64.- Aplicación de las sanciones – Para imponer las sanciones establecidas en el Artículo 61 de esta norma, la Autoridad de Aplicación procederá ajustándose a las siguientes disposiciones: a) las sanciones se aplicarán previa instrucción sumaria que asegure el derecho de defensa; b) el tipo y graduación de la sanción se determinará teniendo en cuenta la magnitud del daño o riesgo ambiental provocados por la irregularidad u omisión, la capacidad económica del infractor, su aptitud para enmendar la situación generada, y si fuere el caso, su carácter de reincidente; c) se podrán fijar plazos y condiciones para subsanar las irregularidades detectadas, con respecto a las sanciones fijadas en los incisos c) y e) del Artículo 61; d) en caso de reincidencia, el máximo de la sanción prevista en el inciso b) del Artículo 61 podrá multiplicarse por dos la primera vez, y en lo sucesivo, por una cifra igual a la cantidad de reincidencias cometidas a la fecha de comisión de la infracción.

ARTÍCULO 65.- Apelación- Las resoluciones de la Autoridad de Aplicación serán apelables con efecto devolutivo. El procedimiento recursivo tramitará de acuerdo a las normas previstas en la Ley de procedimientos administrativos vigente.

FONDO PARA LA GIRD

ARTÍCULO 66.- Cuenta especial “Fondo para la GIRD” – Créase, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, la cuenta especial “Fondo para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios”, el cual integrará la Ley de Presupuesto Provincial y estará conformado por: a) Partidas presupuestarias que se asignen anualmente; b) Recaudación obtenida en concepto de multas por infracción a las normas de esta Ley; c) Recaudación por indemnizaciones obtenidas en causas judiciales instauradas con motivo de la omisión o cumplimiento irregular de las disposiciones de la presente Ley.

CONSEJO PROVINCIAL PARA LA GIRD

ARTÍCULO 67.- Creación. Finalidad. Pautas de integración y funcionamiento - Créase, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, el “Consejo Provincial para la Gestión Integral de Residuos domiciliarios”, el que tendrá carácter consultivo y se encargará de emitir dictámenes no vinculantes previos a la adopción del Plan Provincial y los Programas de la GIRD establecidos en esta Ley, y comenzará a funcionar inmediatamente a partir de la entrada en vigencia de la presente, previa designación de sus integrantes. El Consejo Provincial estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Provincia, asimismo, de las instituciones universitarias, científicas, técnicas o de investigación, y los municipios o comunas interesados. El Consejo dictará su reglamento de funcionamiento interno.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS Entre Ríos

ARTÍCULO 68.- Adecuación a las normas de esta Ley - Los municipios o comunas que, en materia de gestión de residuos domiciliarios, hayan celebrado contratos o dictado resoluciones que estén en ejecución o por ejecutarse a la fecha de la entrada en vigencia de esta Ley deberán adecuar dichos contratos o resoluciones a las disposiciones de la presente. Lo dispuesto en este Artículo será también de aplicación con respecto a las resoluciones o contratos que haya decidido la Provincia.

ARTÍCULO 69.- Invitación a los Concejos Deliberantes – Se invita los Concejos Deliberantes de Entre Ríos a dictar, en el ámbito de su jurisdicción, disposiciones en consecuencia de las normas de la presente Ley y su reglamentación.

ARTÍCULO 70.- Plazo para la reglamentación – Esta Ley deberá ser reglamentada dentro de los 90 (noventa) días corridos de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 71.- Derógase la Ley nº 10.311.

ARTÍCULO 72.- De forma.-

Fundamentos

El presente proyecto de ley reproduce, en lo sustancial, el contenido del que presentáramos el 3 de Diciembre de 2009 y girado a la Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, donde lamentablemente no fue tratado (Expediente nº 17.691). Durante la gestión anterior, el día 31 de Marzo de 2015, dicho proyecto fue remitido al Archivo. Es verdad que luego se sancionó la Ley nº 10.311, publicada en el Boletín Oficial el 23 de Junio de 2014; y debe reconocerse que dicha norma representó un notorio avance con respecto al vacío legislativo que significaba carecer de una legislación referida a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos o residuos domiciliarios, complementaria de la Ley nacional 25.916, que fija los presupuestos mínimos de protección ambiental en esta materia. Esa ley se originó en un proyecto de la diputada Estela Almirón (Expediente 19.550). Al momento de tratarse el dictamen respectivo en esta Cámara, la diputada María Emma Bargagna expresó, entre otros conceptos, que “saludamos esta iniciativa porque en esta realidad argentina en donde nada es blanco o negro, entre todos los grises, este es un gris muy compatible con lo que los progresistas consideramos que debe ser una gestión de residuos urbanos.” Lamentablemente, a pesar del tiempo transcurrido, esta ley todavía no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo y la realidad nos indica que se está aún muy lejos de su aplicación rigurosa y efectiva. Hemos presentado por ello un proyecto de resolución en este sentido. De todos modos, compartido en líneas generales el espíritu y los objetivos del proyecto original de la diputada Almirón, consideramos que podría generarse una normativa más precisa y operativa, que deslinde manera más clara obligaciones y competencias, por lo que en definitiva proponemos la derogación de la ley nº 10.311 y su sustitución por otra, cuyo texto podrá seguramente perfeccionarse en el tratamiento en comisión. Reproducimos a continuación los fundamentos del proyecto presentado en 2009: “El presente proyecto de ley tiene por propósito cubrir un vacío en la legislación ambiental entrerriana, cual es la normativa referida a la gestión de los residuos sólidos urbanos, “sólidos domiciliarios” en la terminología de la ley nacional en la materia, por lo que hemos optado por utilizar esta última denominación. La ley nacional mencionada es la número 25916, y determina los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios. Fue sancionada el 3/9/2004 y fue publicada en el Boletín Oficial el 7/9/2004. Corresponde señalar a priori que se trata, como su nombre lo indica, de una norma nacional de “presupuestos mínimos” de protección ambiental, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 41 de nuestra Constitución Nacional reformada en 1994, que establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.” A su vez la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, reformada en 2008, introdujo algunos nuevos derechos y principios de política ambiental que no pueden ser desconocidos por el legislador. Así, el Artículo 83 establece que “el Estado fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad. El poder de policía en la materia será de competencia concurrente entre la Provincia, municipios y comunas”. Más adelante el mismo artículo estipula que el Estado “promueve el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes, las prácticas disponibles más avanzadas y seguras, una gestión integral de los residuos y su eventual reutilización y reciclaje.” A su vez, de acuerdo al Artículo 84, “un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental”, que tendrá como instrumentos, “sin perjuicio de otros que se establezcan: la evaluación ambiental estratégica; un plan de gestión estratégico; el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de sustentabilidad; el libre acceso a la información; la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos y la educación ambiental, atendiendo principalmente a las culturas locales.” El Artículo 1° del proyecto se refiere el objeto de la ley y establece su articulación lógica con la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, evitando de este modo la incorrecta postura de plantear una “adhesión” por vía de una norma provincial a una ley nacional de presupuestos mínimos. El proyecto establece las definiciones, tanto de “residuos domiciliarios” como de la “gestión integral” de éstos, tomando como base la Ley 13592 de la Provincia de Buenos Aires, pero evitando la más tradicional denominación – sobre todo en ámbitos académicos – de “residuos sólidos urbanos” que utiliza dicha norma bonaerense a los efectos de evitar confusiones y plantear una coincidencia con las denominaciones de la legislación nacional.

También se brindan las definiciones de las diferentes etapas que conforman la gestión integral. Se enumeran enumera los principios y conceptos básicos sobre los que se debe fundar la política de la gestión integral de los residuos domiciliarios. Se establecen los principios básicos que figuran en el Artículo 83 de la CP, referidos a la política ambiental en su conjunto. Nos ha parecido pertinente agregar a estos principios el de “desarrollo sustentable” y el de la “equidad intrageneracional”, sin el cual no podemos defender cabalmente el loable principio de la equidad intergeneracional. El principio de equidad intrageneracional, también denominado principio de uso equitativo, se refiere a las desigualdades dentro de sectores diferentes de una misma generación, plantea el uso equitativo de los recursos naturales, y se concibe como uno de los pilares conceptuales del desarrollo sostenible. En palabras de Rosa Cañete Alonso , que hacemos nuestras, “no se puede pensar en equidad intergeneracional sin pensar igualmente y antes en la equidad intrageneracional. No podemos defender la riqueza de nuestros hijos sino defendemos, primero, el derecho de los pobres de hoy”. 1

En tal sentido, consideramos que tenemos un compromiso ineludible para con las generaciones que nos sucederán, a las que debemos brindar la posibilidad de seguir aprovechando de manera armónica y sustentable los recursos naturales; pero tal compromiso no debe hacernos perder de vista que también tenemos un compromiso, no menos ineludible que aquel, para con aquellos sectores de las generaciones contemporáneas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad socioambiental. Y en particular, la cuestión de los residuos domiciliarios, con toda su complejidad, muestra a las claras cómo los sectores más desposeídos de nuestra sociedad son los que sufren con mayor virulencia los problemas derivados de una incorrecta gestión ambiental en el marco de una sociedad injusta y excluyente; ya sea porque se ven obligados a trabajar de manera informal y sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene en la recuperación de elementos presentes en los residuos como forma de asegurarse un mínimo sustento, o bien porque se ven forzados a vivir en áreas degradadas y segregadas afectadas por la cercanía a basurales a cielo abierto, basurales clandestinos, sitios de disposición final inadecuados, etc.; con todo lo que ello significa en términos de contaminación del aire, del agua, del suelo, proliferación de vectores de diversas patologías, olores; en síntesis, un deterioro permanente de las condiciones de salud ambiental y humana y calidad de vida. El verdadero drama socio-ambiental de la incorrecta gestión de los residuos sólidos urbanos en muchas de nuestras ciudades configura uno de los factores que atentan contra el acceso al derecho a una vivienda digna, y en términos más amplios, contra el acceso al derecho a la ciudad. Se fijan los objetivos de la política ambiental en materia de residuos domiciliarios. Se tomaron como antecedentes los objetivos de la ley nacional y los de la Provincia de Buenos Aires. Competencias y autoridad de aplicación. Dentro del marco de las autonomías municipales, y respetando las competencias concurrentes que fija la Constitución de la Provincia, así como el esquema de presupuestos mínimos de la legislación nacional, se pretende configurar un modelo de planificación y gestión en el que la provincia, a través del ente ambiental que surge del Artículo 84 de la CP, diseña un plan provincial de gestión integral de residuos domiciliarios, que establece las pautas generales, los plazos y las condiciones mínimas a las que deben ajustarse los municipios y comunas. Dentro de este marco general, que otorga coherencia a la gestión integral de los residuos domiciliarios en todo el ámbito provincial, los municipios y comunas deben elaborar y presentar su propio programa local, el que deberá ajustarse a las condiciones particulares de cada comunidad.

En tal sentido, las opciones tecnológicas, los modelos de gestión, y las decisiones referidas a la localización de los sitios de disposición final, entre otros ítems relevantes, deberán decidirse a nivel local, en un marco de planificación participativa, siempre dentro de los presupuestos mínimos de protección ambiental dados por la legislación nacional y provincial. De todos modos, la autonomía municipal no debe confundirse con un “vale todo”, dado que el ambiente es patrimonio común, y una inadecuada gestión de los residuos puede llevar a que un municipios perjudique a otro, o bien una administración local ocasione daños a determinados sectores de la comunidad. Por ello resulta razonable la potestad de la provincia de evaluar y aprobar los programas locales de gestión, y monitorearlos y controlarlos permanentemente, en un esquema de competencias concurrentes en materia de poder de policía. Se establece la posibilidad de la asistencia técnica y legal por parte de la Provincia a los municipios y comunas que lo soliciten, y la posibilidad de la asistencia financiera, como modo de compensar la obligación de municipios y comunas de presentar en un plazo determinado su programa de gestión. No escapa a nuestra consideración que – sobre todo en el caso de municipios pequeños y comunas – se presentarán dificultades de todo tipo a la hora de elaborar los referidos programas de gestión, por lo que la asistencia de la Provincia, en cooperación con entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria, puede resultar un valioso aporte en este sentido. De todos modos, cabe alertar acerca de la necesidad de evitar el riesgo que presupone la adopción de “recetas” uniformes, que se apliquen de manera indiscriminada a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial. La participación ciudadana será a tal efecto un poderoso antídoto, que permitirá tener debidamente en cuenta las particularidades locales – en lo geográfico, social, cultural, etc. - como elementos centrales del diseño de los programas.

Se estipulan los contenidos mínimos de los programas de gestión integral de residuos domiciliarios que los municipios y comunas deberán elaborar y presentar. La innovación introducida consiste en requerir que, de manera previa a su remisión a la autoridad de aplicación, los programas de gestión sean tratados en determinados casos en una audiencia pública, como forma de asegurar la transparencia del proceso y verificar de qué modo la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental fueron tenidos en cuenta en su elaboración. Se plantea la erradicación de basurales a cielo abierto y se prohíbe taxativamente la quema de residuos domiciliarios. La combustión de residuos, provocada por el hombre o espontáea, es uno de los principales factores de contaminación del aire de nuestras ciudades; y urge que alguien se haga cargo del problema. Si los municipios encargados de hacerlo no lo hacen, la provincia no puede mirar para el costado y dejar que miles de entrerrianos vean afectada su salud y su calidad de vida. En casos que así lo requieran, las autoridades competentes de la provincia deben actuar a efectos de prevenir y / o remediar daños ambientales causado por la combustión de residuos domiciliarios. La normativa propuesta pretende responder a estos requerimientos, de modo de evitar que la administración provincial se “lave las manos” aduciendo un supuesto vacío legal o bien una interpretación sesgada e incorrecta de la autonomía municipal. Se plantea la posibilidad de acuerdos regionales o micro-regionales para la gestión integral conjunta por parte de varios municipios y/o comunas, a efectos de generar economías de escala y sinergias en la adopción de políticas para solucionar problemas comunes de manera más eficaz y eficiente. Se plantea la creación del Consejo Provincial para la Gestión Integral de los Residuos Domiciliarios, innovación con respecto a otras normas provinciales en la materia que estimamos puede llegar a constituir un ámbito útil de convergencia de experiencias y recursos humanos del Estado, de las universidades, y de organizaciones de la sociedad civil. Se establece la obligatoriedad por parte de municipios y comunas de remitir a la autoridad de aplicación la información estadística requerida, que permita procesar datos y elaborar y publicar informes que sirvan para efectuar análisis comparativos y para mejorar los procesos tecnológicos y de gestión. Para la redacción del presente proyecto de ley, además de la legislación nacional y provincial citada, se ha tenido en cuenta la publicación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales “Residuos Sólidos Urbanos: Recomendaciones para la construcción de marcos regulatorios provinciales y acuerdos intermunicipales” 2 .

En este trabajo se señala que “sería deseable que el marco regulatorio provincial contuviera al menos los siguientes elementos”, que en líneas generales, creemos están debidamente contemplados en el proyecto: “1. La norma provincial debe estar guiada en su espíritu y disposiciones por el reconocimiento de la autonomía municipal y la consecuente competencia municipal en la gestión de los RSU. Asimismo, en el reconocimiento de la capacidad asociativa de los municipios para la gestión mancomunada de los residuos. 2. Responsabilidades de los municipios y los ciudadanos en la materia 3. Responsabilidad del gobierno provincial (financiamiento, asistencia técnica, capacitación, difusión, concientización, educación –por ejemplo, la inclusión de la problemática en la currícula escolar obligatoria-) 4. Definición del tipo de residuo alcanzado por la legislación 5. Definición del concepto “gestión integral”, incluyendo las etapas contempladas en la LRD 6. Obligación general de minimizar la cantidad de residuos generada, revalorizando aquello que sea posible 7. Obligación general de recolectar, transportar, tratar y disponer adecuadamente, mediante transportistas y plantas de tratamiento/disposición final debidamente autorizadas (Esta obligación involucra, por un lado, la responsabilidad de las autoridades de implementar el sistema de gestión, y por el otro, la de los generadores particulares e institucionales de servirse obligatoriamente del sistema implementado. Los “actores” del sistema –empresas recolectoras, transportistas y operadoras- deben ser habilitados a funcionar mediante el otorgamiento de un permiso que implica el cumplimiento de requisitos técnicos y legales). 8. Prohibición de abandonar y/o disponer residuos a cielo abierto (Implica la obligación del generador de entregar los residuos generados en el tiempo y modo exigido por la norma vigente, cuyo dictado es de competencia municipal). 9. Prohibición de disponer residuos de otra índole (por ejemplo, tóxicos y patológicos) de modo conjunto con los RSU 10. Obligación de erradicar y sanear los basurales a cielo abierto/clandestinos para el año 20... (Sería óptimo contar con un plan provincial de erradicación de basurales clandestinos elaborado de modo conjunto con los municipios, previendo un cronograma concreto que debería ejecutarse por éstos con la asistencia de la provincia) 11. Obligación de someter los emprendimientos, obras, actividades relacionadas con la gestión de los RSU al procedimiento previo de Evaluación de Impacto Ambiental. 12. Establecimiento de normativa técnica específica para emprendimientos que incluyan la disposición final de residuos, abarcando las etapas de construcción, operación y cierre. Definición de límites de vertido para efluentes sólidos, líquidos y gaseosos. 13. Establecimiento de normativa específica sobre envases y embalajes (Resulta indispensable como medida previa a avanzar en el dictado de esta legislación, realizar los estudios necesarios que concluyan sobre los impactos y la conveniencia económica, social y ambiental de adoptar regulaciones en ese sentido). 14. Obligación de implementar sistemas de información que permitan la generación y documentación de datos relativos a la gestión de los RSU en la provincia, así como la de elaborar e implementar un sistema de indicadores que permita monitorear el cumplimiento de las normas ambientales en materia de residuos sólidos urbanos y de la efectividad de los sistemas de gestión puestos en marcha por los municipios, incluyendo a los concesionarios(El cumplimiento del objetivo de contar con información veraz, actualizada y disponible debería lograrse imponiendo precisas obligaciones “en cascada”, es decir, exigiendo la entrega de información por parte de los concesionarios de los servicios públicos a los municipios, y de éstos al gobierno provincial. Este esquema permitirá además que las provincias aporten a la autoridad ambiental nacional la información necesaria para el desarrollo del sistema nacional integrado de información, previsto por la LGA). 15. Obligación de realizar campañas de concientización de la ciudadanía: a) en relación a las ventajas de una gestión sustentable, incluyendo la separación en origen y la revalorización, y a las desventajas/daños ocasionados al ambiente y a la salud como consecuencia del manejo indadecuado de los RSU b) en relación a la responsabilidad del generador domiciliario respecto de los residuos generados (haciendo hincapié en las prohibiciones y obligaciones contenidas en la normativa) 16. Determinación de la/s autoridad/es de aplicación de la ley”. El problema de la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos en la mayoría de las ciudades entrerrianas es relevante porque de él se derivan consecuencias gravosas para buena parte de la población; contaminación ambiental, deterioro de la calidad de vida, empeoramiento de las condiciones de salud, etc. Cabe consignar que en la Argentina la quema no controlada de desechos domésticos es la principal fuente de emisión de dioxinas, con más del 51% del total. 3 Si bien se trata de un problema complejo, multicausal, no podemos dejar de reconocer que la falta de una normativa clara y efectiva que regule, ordene y oriente la acción de los diversos actores sociales involucrados, es una de sus causas centrales; y allí apunta el presente proyecto de ley, en el entendimiento de que puede resultar un aporte al comienzo de la solución, viable en la medida en que en primera instancia sólo requiere de voluntad política a nivel del Estado provincial; aunque luego requerirá que esa voluntad política se traslade a los municipios y comunas, y sea acompañada de la inversión de recursos financieros y humanos, de conocimientos y tecnologías apropiadas, y también de participación ciudadana y contralor social. Por lo expuesto solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto. Notas: 1) Rosa Cañete Alonso, La equidad en el paradigma de desarrollo humano, PNUD, 2006, en Internet:  2) Daniel A. Sabsay, María Eugenia Di Paola, Carina Quispe Merovich y Lucía Marcó, con la colaboración de Dolores M. Duverges, RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: Recomendaciones para la construcción de marcos regulatorios provinciales y acuerdos intermunicipales, FARN, 2005. 3) Pat Costner, Estimando las liberaciones y priorizando las fuentes de dioxinas en el Convenio de Estocolmo, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM)