Ley de Información Ambiental

Jose Artusi
CENTROEntre Ríos

Capítulo I

Del Objeto

Artículo 1º.- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información sobre el estado y la gestión del ambiente y de los recursos naturales, conforme lo establecido en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial, y de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, sin necesidad de invocar interés especial alguno que motive tal requerimiento.

Artículo 2º.- La presente ley es aplicable a toda la información ambiental concerniente o que afecte total o parcialmente al territorio de la Provincia de Entre Ríos, que obre en poder del Gobierno de la Provincia, de los municipios, de entes nacionales o binacionales, y de cualquier autoridad, organismo, ente autárquico e institución pública. La ley es aplicable además, a toda la información ambiental que obre en poder de las empresas u organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público provincial, así como las instituciones o Fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Provincial a través de sus jurisdicciones o entidades, y a las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier forma contractual la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público, o aquellas que desarrollen actividades que justifiquen su exigencia.- Capítulo II De la Información Ambiental

Artículo 3º.- En los términos del Art. 2, se considera información ambiental, entre otras, las siguientes: a. Cualquier tipo de investigación, dato, informe concerniente al estado del ambiente y los recursos naturales y el desarrollo sustentable; incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente; b. Las declaraciones de impacto ambiental de obras públicas o privadas proyectadas o en proceso de ejecución en el territorio provincia o que afecten o puedan afectar a los recursos naturales y al ambiente de la provincia; c. Las políticas, planes y programas, públicos y privados, de gestión del ambiente y de los recursos naturales y las actuaciones o medidas de protección referidas al mismo, incluidos planes y programas nacionales, binacionales o internacionales. d. Cualquier otra información de naturaleza ambiental que obre en poder de los sujetos señalados en el artículo 2º.- Capítulo III Derechos y Responsabilidades

Artículo 4º.- Toda persona física o jurídica, pública o privada tiene derecho a informarse del curso de su solicitud de acuerdo al procedimiento previsto en esta ley.

Artículo 5º.- Las entidades públicas y privadas comprendidas en el Art. 2 tienen las siguientes obligaciones: a. Prever una adecuada organización y sistematización de la información que se genere en las áreas a su cargo, de conformidad con el procedimiento que establezca la reglamentación de la presente ley; b. Facilitar el acceso directo y personal a la información que se les requiera por esta ley y que se encuentre en la órbita de su competencia y/o tramitación, sin perjuicio de adoptar las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del normal desarrollo y funcionamiento de sus actividades; c. Otorgar, facilitar e informar quién pudiera tener la información ambiental requerida, con las excepciones previstas en el Art. 17. 

Artículo 6º.- Los funcionarios públicos que, en forma arbitraria o infundada, obstruyan el acceso del solicitante a la información requerida, la suministren en forma incompleta, incorrecta o impidan de cualquier otro modo el cumplimiento de la presente ley, serán considerados incursos en incumplimiento a sus deberes como tales. Se consideran infracciones a esta ley, la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en el plazo establecido o denegatoria injustificada a brindar la información solicitada, así como todo acto u omisión que, sin causa justificada, afecte el regular ejercicio del derecho que esta ley establece. Las empresas prestatarias de servicios públicos que no cumplan con las obligaciones exigidas por la presente ley, serán pasibles de las sanciones previstas en las normas o contratos que regulen la concesión del servicio público correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales.

Capítulo IV

De la Autoridad de Aplicación

Artículo 7º.- Es autoridad de aplicación de la presente ley el organismo del Poder Ejecutivo con competencia ambiental, quien tiene a su cargo el cumplimiento de la presente ley por parte de los organismos e instituciones públicas y privadas, disponiendo las sanciones correspondientes si así no lo hicieren. Mientras no se designe Autoridad de Aplicación por parte del Poder Ejecutivo, se podrá recurrir directamente a Poder Ejecutivo para que aplique la presente ley y disponga por donde corresponda se entregue la información ambiental requerida. En el caso de los Municipios se podrá recurrir directamente a la Autoridad Ejecutiva Municipal, para que proporcione la información requerida en la presente ley.

Artículo 8º.- Cuando la información ambiental requerida, concerniente o que afecte a la Provincia de Entre Ríos, obre en poder de autoridad, organismo o institución pública o privada que se encuentre fuera de la jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, la Autoridad de Aplicación debe propiciar mecanismos de acuerdo con los organismos que correspondan para dar respuesta satisfactoria a dicho requerimiento. Capítulo V Procedimiento

Artículo 9º.- La solicitud de la información debe ser requerida ante la Autoridad de Aplicación, en forma escrita, con la identificación del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. Asimismo se puede requerir la información directamente a la dependencia provincial y/o repartición que la disponga, conforme los alcances artículo 2° de la presente. Debe entregarse constancia de inicio del procedimiento.

Artículo 10.- Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha: a. en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles, cuando la información se encuentre en poder de la Autoridad de Aplicación. b. en un plazo no mayor de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, cuando la información se encuentre en poder de terceros. El plazo del inciso a) y b) se podrá prorrogar en forma excepcional por otros 30 (treinta) días hábiles de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. En su caso, el órgano requerido debe comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la prórroga. En el caso en que no se suministre la información requerida, en los tiempos determinados por la presente ley o se niegue la misma, sin fundamento justificado; el interesado podrá recurrir a la Justicia provincial, utilizando el procedimiento de la acción de ejecución previsto en la ley Nº 8369/90 , para que tal información le sea suministrada y sin perjuicio de las demás acciones que pudiera iniciar. El accionante gozará del beneficio de litigar sin gastos.

Artículo 11.- Si la solicitud de acceso a la información se encuadra en las excepciones del Art. 17, las entidades públicas y privadas comprendidas en el Art. 2 deberán remitir al solicitante por intermedio de la Autoridad de Aplicación, un informe fundado, con copia a la misma que establezca las causales de manera indubitada.

Artículo 12.- El acceso a la información ambiental es gratuito. No se podrán imputar otros costos a la solicitud de información que no sean los que surjan de la solicitud de copias de los registros o documentos en los que conste la información requerida. En ningún caso el monto que se establezca para solventar los gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada podrá implicar menoscabo alguno al ejercicio del derecho conferido por esta ley. Capítulo VI Registro Ambiental.

Artículo 13.- Créase el Registro Ambiental en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente o del organismo que en el futuro la reemplace, el que estará integrado por todos los registros creados o a crearse para regímenes sectoriales específicos relacionados con la materia ambiental.

Artículo 14.- Las entidades citadas en el Art. 2 deben proveer al Registro Ambiental la información relacionada con el objeto de esta ley, la que debe ser actualizada periódicamente, a intervalos no mayores a un año; y cuando las circunstancias así lo requieran a los efectos del cumplimiento de la presente ley.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo establecerá las estructuras orgánicas que integrarán el Registro Ambiental, así como sus normas de funcionamiento. Asimismo, diseñará un procedimiento para crear las condiciones necesarias a efectos de evitar la duplicación de la información.

Capítulo VII

Del Informe Anual Ambiental

Artículo 16.- El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y los de los municipios, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la información ambiental, deben publicar anualmente un exhaustivo informe acerca del estado ambiental de la provincia, y garantizar su publicación en el sitio oficial del gobierno en Internet y/o en el de cada municipio. El informe deberá contener información científica con el mayor detalle y rigor técnico posible, y también deberá contener resúmenes dirigidos al público en general, en lenguaje accesible y comprensible.

Capítulo VIII

Excepciones

Artículo 17.- Queda exceptuada del régimen de la presente ley toda información: a. Que se encuentre resguardada o protegida por leyes especiales; b. Que afecte la esfera de privacidad de las personas. c. Vinculada con las inspecciones y otros procedimientos a llevarse a cabo por el Gobierno de la Provincia, antes de su realización. d. Que fuere obtenida de un tercero y comunicarla constituya un abuso de confianza judicialmente impugnable por poner en peligro la vida, salud, o seguridad de una persona. e. Que impida la prevención o persecución de delitos. f. Cuyo suministro viole el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su patrocinio letrado. g. Cuya divulgación pueda afectar la defensa nacional, la seguridad interior, o las relaciones internacionales. h. Que se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial; En estos casos se comunicará al solicitante toda la información contenida en el registro que no esté en el ámbito de la excepción, y en la medida en que pueda ser razonablemente separada del resto. La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo. En caso de duda sobre la aplicación de las excepciones enunciadas al requerimiento formulado, se estará a favor del suministro de la información ambiental.

Capítulo IX

Disposiciones varias

Artículo 18.- EI Poder Ejecutivo reglamentará la presente dentro de los 90 (noventa) días de su sanción.

Artículo 19.- De Forma.-

Fundamentos

El derecho al acceso a la información pública ambiental constituye una variante específica del derecho al acceso a la información pública en términos genéricos, y a la vez se erige como uno de los pilares necesarios para fortalecer y apuntalar la posibilidad cierta de la participación ciudadana responsable en la planificación y gestión del ambiente, los recursos naturales, y el desarrollo sostenible. De esta doble condición se desprende la necesidad de legislar para garantizar, en todo el ámbito de la provincia, el derecho ciudadano a conocer el estado del ambiente, así como las políticas, planes y programas vinculadas con la gestión ambiental de entidades públicas y privadas. No existe posibilidad de lograr mecanismos de participación ciudadana efectiva y responsable si no se cuenta con un ingrediente imprescindible, la información veraz, confiable y oportuna. Una sociedad civil que ve reconocido su derecho a la información ambiental se transforma en este sentido en un eficaz colaborador de los poderes públicos. Por otra parte, la obligación por parte del Estado de brindar la información ambiental constituye un poderoso remedio a favor de la prevención del daño ambiental y facilita la gestión, al propender al ordenamiento y la sistematización de la información relevante.

A su vez, como en todos los órdenes, la transparencia implícita en el reconocimiento del derecho a la información y en el deber de su divulgación se erigen en eficaces baluartes en la lucha contra la corrupción, la discrecionalidad, y la desidia en la gestión pública. Adicionalmente, la información ambiental amplia es sumamente útil a la hora de evaluar y monitorear la eficacia y la eficiencia de las políticas de gestión ambiental. La información ambiental es también un elemento imprescindible para que la ciudadanía conozca y comprenda los problemas ambientales, involucrándose activamente en su abordaje, para poder de este modo cumplir razonablemente con el deber de preservación ambiental que impone a todos los habitantes el Artículo 41 de la Constitución Nacional. Un ejercicio efectivo del derecho a la información ambiental es útil además para que la sociedad civil pueda otorgar a cada problema la prioridad que se merece, e incluso para que en algunos casos no se generen falsas alarmas o se magnifiquen problemas indebidamente, tendencia lógica y natural cuando impera la opacidad y el secreto por parte de los gobernantes.

 La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, piedra fundamental del paradigma de la modernidad del reconocimiento de los derechos humanos, civiles y políticos, ya en 1789, en su artículo 15, establecía que ”la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público.” El derecho a la información pública, en términos generales, está expresamente garantizado en la Constitución Nacional, que en el inciso 22 del artículo 75º les reconoce jerarquía constitucional a los tratados internacionales. El artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de (..) investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas...”. En el Inciso 1 del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se consagra el derecho de toda persona “a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”. A su vez el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 19, Inciso 2 se determina expresamente acerca de la libertad de expresión, destacando que “este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Diversas constituciones provinciales en nuestro país se han ocupado de consagrar el derecho a la información ambiental. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires prescribe en su Artículo 26 que “toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas”.

La Constitución de la Provincia de Corrientes, reformada en el año 2007, establece en su Artículo 50 que “todos los habitantes de la Provincia tienen derecho al acceso a la información sobre el impacto que las actividades públicas o privadas causen o pudieren causar sobre el ambiente y a participar en los procesos de toma de decisiones sobre el ambiente de conformidad con el procedimiento que determine la ley.” El presente proyecto reconoce como antecedentes diversas leyes sancionadas en provincias hermanas, entre ellas la Ley 303 de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 5.533 de la Provincia de Corrientes, y la ley 4.194 de la Provincia de Misiones, así como la Ley nacional nº 25.831 (REGIMEN DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA AMBIENTAL), que estableció los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas Entre Ríos no debe quedar al margen de la tendencia que se verifica en numerosas provincias en el sentido de avanzar de manera amplia en el reconocimiento de este derecho, que redundará significativamente en el establecimiento de condiciones favorables para una adecuada política ambiental, y en definitiva para el logro de un proceso de desarrollo sostenible y una mejora continua de la calidad de vida de nuestro pueblo.

Por las razones expuestas, es que solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto de ley.-