Modificación de la Ley N° 7811. "Institutos de Democracia Semidirecta"

Hector Javier Bee Sellares
CENTROCórdoba

Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Artículo 2º de la Ley N° 7811, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2º: Los proyectos a los que se refiere el artículo anterior deberán ser suscriptos por un número de electores igual al dos por mil (2 %0) del total de inscriptos en el padrón del Registro Electoral de la Provincia y deberá representar por lo menos a cinco (5) Departamentos de la Provincia. Cuando la materia de la Iniciativa sea de alcance regional el requisito del porcentual se cumplirá considerando únicamente el o los Departamentos afectados. Serán presentados por mesa de entradas de la Legislatura, con una exposición de motivos fundada, suscriptos por quienes lo propicien, indicando nombre, número de documento y domicilio de los mismos. Toda planilla de recolección de firmas debe contener un resumen impreso del proyecto de Ley y la mención del o de los promotores. La Justicia Electoral Provincial verificará por muestreo la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos. El tamaño de la muestra no podrá ser inferior al uno por ciento (1,0 %) de las firmas presentadas. En caso de impugnación de firma, acreditada la falsedad, se desestimará la misma del cómputo de firmas para el proyecto, sin perjuicio de las demás acciones penales a que hubiera lugar. En caso de verificarse que el cinco por ciento (5%) o más de las firmas presentadas sean falsas se desestimará el proyecto de iniciativa popular.”

Artículo 2º.- MODIFÍCASE el Artículo 3º de la Ley N° 7811, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º. - Los proyectos serán girados al Presidente de la Legislatura, quien previa verificación del cumplimiento de los requisitos formales un plazo de sesenta días ordenará su inclusión en el Orden del Día, como asunto entrado, siguiendo el trámite previsto por la Constitución y el Reglamento interno de la Legislatura. La Comisión correspondiente deberá expedirse, a más tardar, dentro del término de ciento veinte (120) días de su inclusión como asunto entrado, dándole su sanción o rechazo. Pasado este término sin que la Comisión se haya expedido, se considerará el asunto sin despacho de comisión.”

Artículo 3º.- MODIFÍCASE el Artículo 4º de la Ley N° 7811, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 4º. - El Presidente de la Legislatura podrá citar a los suscriptores del proyecto, a los fines de corregir errores formales en la presentación efectuada. Se dejará constancia de todas estas actuaciones en el expediente.”

Artículo 4º.- MODIFÍCASE el Artículo 5º de la Ley N° 7811, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 5º: El Referéndum es el instituto por el cual se somete a la decisión del electorado una norma de alcance general. El voto es obligatorio y el resultado, vinculante. Serán sometidos a Referéndum para su aprobación los proyectos de ley sancionados por la Legislatura que dispongan: 1- Abandono de jurisdicción y/o cesión de propiedad de parte del territorio provincial, con objeto de utilidad pública, de acuerdo al Art. 104 inciso 8) de la Constitución Provincial. 2- Fusión de Municipios, de acuerdo al Art. 104 inciso 10) de la Constitución Provincial.”

Artículo 5º.- MODIFÍCASE el Artículo 13º de la Ley N° 7811, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 13º. - El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo con el voto de las dos terceras partes de sus miembros y los ciudadanos con capacidad para votar en el número que se requiere en el Artículo 14, podrán someter a consulta popular todo asunto de interés general para la Provincia. El voto no es obligatorio.”

Artículo 6º.- MODIFÍCASE el Artículo 14º de la Ley N° 7811, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 14º: La iniciativa de los electores para promover Consulta Popular, deberá ser suscripta por el dos por ciento (2 %) del padrón utilizado en la última elección provincial. Será presentada por ante la Justicia Electoral Provincial, con exposición de motivos fundada, suscripta por quienes la propician, indicando su nombre, número de documento y domicilio. Dicho órgano verificará por muestreo la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos. El tamaño de la muestra no podrá ser inferior al uno por ciento (1,0 %) de las firmas presentadas. En caso de impugnación de firma, acreditada la falsedad, se desestimará la misma del cómputo de firmas para el proyecto, sin perjuicio de las demás acciones penales a que hubiera lugar. En caso de verificarse que el cinco por ciento (5%) o más de las firmas presentadas sean falsas se desestimará el proyecto de Consulta Popular.”

Artículo 7º.- MODIFÍCASE el Artículo 15º de la Ley N° 7811, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 15º. - El Juez con competencia electoral en el supuesto del artículo anterior, y el Presidente de la Legislatura en caso de que la consulta haya sido resuelta por ésta, dará comunicación al Poder Ejecutivo para que dicte el Decreto de Convocatoria a Consulta Popular. El Decreto consignará con precisión el asunto sobre el que se requiere la opinión de la ciudadanía y contendrá el texto de la propuesta, a consultarse, que se redactará en forma de pregunta, de modo tal que origine respuestas inequívocas por sí o por no. Si la pregunta o respuesta requirieren el conocimiento de normas jurídicas, el D.E.M. deberá incluirlas en el instrumento de la convocatoria. Deberá ser puesto en conocimiento de la población por lo menos sesenta (60) días antes de la fecha de realización de la consulta.”

Artículo 8°.- DE FORMA.

Fundamentos

El presente proyecto pretende fortalecer las instituciones de Democracia Semidirecta, acercando herramientas de participación ciudadana a los vecinos y transparentando el mecanismo de las iniciativas populares para que sean posible en términos fácticos y no solo jurídicos, ya que con las condiciones vigentes a la fecha, dicha participación se torna ficticia por lo difícil que resulta ser llevada a cabo en la práctica por quienes la promuevan.

Este proyecto está basado en un proyecto del Legislador mandato cumplido Omar Ruiz (N° 0018/L/08) al que le hemos hecho algunos otros agregados necesarios para su actualizar la norma y para flexibilizar aún más la aplicación de estos institutos basados en la Ley Nacional 24.747 y la Ley 89 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La democracia representativa se encuentra en crisis, y una forma de revertir esta situación es simplificando el trámite para promover sus instituciones. La Comisión Consultiva de Expertos fue creada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, mediante Decreto N° 2192/07 de fecha 10 de diciembre de 2007, con el objetivo de realizar un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema político-electoral de la provincia de Córdoba y plantear propuestas de reforma. Dicha Comisión expresó en su dictamen: “La confianza constituye uno de los valores de la democracia. Con respecto a los estudios sobre la confianza de los individuos hacia las instituciones, se advierte sistemáticamente en los últimos años sobre los bajos niveles de confianza y credibilidad en las mismas.

Al interrogar a la población cordobesa acerca de “cuánta confianza tiene”, se obtuvo que existen un conjunto de instituciones que han merecido un escaso nivel de confianza. Los partidos políticos, principalmente, aparecen como la institución hacia la cual la población muestra la mayor desconfianza. Más del 94% de los cordobeses confía poco y nada en los partidos políticos, sólo 5% confía bastante en ellos y —dato curioso— menos de 1% les concede mucha confianza. Esa es una cifra alarmante puesto que los partidos políticos no constituyen una institución más sino que en ellos descansa el sistema de representación ciudadana para el acceso a cargos.” En el año 1987, se realizó una reforma en la Constitución Provincial incorporando nuevos derechos políticos, entre ellos las formas de democracia semidirectas. La Iniciativa Popular está regulada en el Art.31 y la Consulta Popular y el Referéndum en el Art. 32 de la Constitución Provincial. Sin embargo estos derechos políticos no se podían ejercer en forma inmediata, para hacerlos operativos se necesitaba la sanción de una ley que los reglamentara. Es así como en el año 1990 se sancionó la Ley N° 7811.

Hoy consideramos que esta última norma necesita ser modificada, pues, resulta insuficiente y desactualizada y termina por entorpecer la operatividad de la norma constitucional que crea el derecho. Con estos cambios que proponemos se facilitará la participación popular en la toma de decisiones. La intervención del ciudadano al emitir su voto no resulta suficiente, es imprescindible que asuma un mayor protagonismo. En la mayor parte de las Constituciones Provinciales y en la Constitución Nacional se incluyeron la iniciativa popular, la consulta y el referéndum. También están incluidos en los tratados internacionales incorporados desde 1994 a la Constitución Argentina. A nivel municipal, estos institutos están también regulados por numerosas Cartas Orgánicas. Sin embargo vemos que solo en muy pocas oportunidades se pusieron en práctica.

No condicen los objetivos que se tuvieron en cuenta al sancionar la Ley con lo que sucede en la realidad. La ley N° 7811 requiere que se certifique la firma ante autoridad judicial, policial o escribano público, lo que resulta a la larga un gran obstáculo. Es por eso que a través del proyecto proponemos incorporar un sistema de muestreo estadístico que garantice la autenticidad. Así los promotores de la iniciativa se moverán con libertad para buscar firmas, pero serán responsables por las posibles irregularidades que de este procedimiento pudieran surgir. Otra modificación que propone el Proyecto es cambiar el número de representantes requeridos para la validez de la iniciativa, disminuyendo este requerimiento como una manera de agilizar y allanar el camino para la intervención ciudadana. Y por último se plantea una modificación de la disposición que regula el referéndum ya que el instituto, tal cual está establecido prevé la utilización sólo para dos supuestos, lo que a nuestro juicio resulta insuficiente.

Es por esa razón que se incorporaron como inciso tercero los casos de Concesiones de Obras y Servicios Públicos por más de quince (15) años, para que los mismos deban obligatoriamente someterse al referéndum de la población, y como inciso cuarto la venta de bienes del estado, disponiendo además una mayoría agravada para la aprobación de la norma, a fin de asegurar alto consenso. La Ley provincial N° 7811 regula los Institutos de Democracia Semidirecta: la Iniciativa, el Referéndum y la Consulta Popular. Tanto los porcentajes exigidos para la Iniciativa como para la Consulta Popular resultan muy altos si se trata de estimular la participación ciudadana. En el caso de la Iniciativa se ubica en el ocho por mil (8 %o) del Padrón Electoral, si consideramos la última elección provincial con un padrón de 2.600.000 votantes aproximadamente, el ocho por mil de esa cifra es 20.800 ciudadanos firmantes para poder impulsar una iniciativa de ley. En el caso de la Consulta Popular la exigencia se establece en el ocho por ciento (8 %), que tomando en consideración el padrón antes señalado coloca la misma en 208.000 ciudadanos para poder solicitarla.

Por estos y otros argumentos que expondré en el recinto es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente Proyecto de Ley