Régimen de información a los consumidores sobre el valor calórico de los platos y bebidas ofrecidos por restaurantes y lugares de expendio de comida elaborada o rapida.

Alejandro Cacace
CUYOSan Luis

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto informar al consumidor sobre el valor calórico de los platos y bebidas ofrecidos por restaurantes, bares y todo otro lugar de expendio de comida elaborada o rápida en sus cartas de menús, colocando éste con el mismo tamaño de letra con el que aparecen los nombres de las comidas.                                                  

Artículo 2°.- Serán sujetos obligados por la presente ley los siguientes establecimientos radicados dentro del territorio de la provincia:

1. Restaurantes y bares.

2. Locales de comida rápida.

3. Supermercados y establecimientos que vendan menúes envasados.

4. Locales ubicados en establecimientos educativos y deportivos.

Además quedarán obligados por la presente Ley las empresas de transporte que operen en la provincia, sea aéreo, terrestre, acuático, que incluyan en sus servicios alimentos a bordo.                                             

Artículo 3°.- Las personas o establecimientos dedicados a este rubro comercial deberán informar:

a)    El valor energéticoexpresado en Kcal por porción, de cada comida y bebida que ofrece, esta información será colocada con letra del mismo tamaño del nombre del alimento y será incorporada en las cartas de menú, en el envase o recipiente que sean expendidas, en folletería y pizarras de promoción.

b)    El detalle de la información nutricional expresado en Porcentaje de Valor Diario (%VD), detallando el contenido en ácidos grasos (principalmente grasas trans), proteínas, carbohidratos (especialmente azúcares añadidos) y sodio. Esta información estará disponible en el menú, y en aquellos lugares de expendio de comida rápida estará disponible para el cliente que así lo requiera.

c)  Se aclarará a los consumidores que para entender el nuevo detalle de información Calórica que se estipulan 2000 Calorías diarias como referencia, pero que las necesidades calóricas varían de acuerdo a los grupos etarios y género.

Esta información deberá estar validada por un profesional nutricionista, bajo los lineamientos que considere el Ministerio de Salud quienes determinarán las Tablas de Composición Química de referencia.

Deberán asimismo actualizar el valor calórico cada vez que se utilicen nuevos productos en la elaboración de platos de comida o que cambien el contenido de los mismos.                                                      

Quedan sujetos a control, inspección y sanciones los casos de incumplimiento a lo estipulado en este artículo.                                     

Artículo 4°.- Será Autoridad de Aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud, debiendo asignar la función de inspección a personal idóneo para asegurar que se cumpla con los objetivos de la normativa legal, así como toda otra disposición que prevea la reglamentación.                                                  

Articulo 5°.- Las sanciones que surjan del incumplimiento de la presente Ley serán de apercibimiento, multa y/o clausura, cuya modalidad será determinada en el decreto reglamentario.                                      

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley en el plazo de sesenta (60) días contados a partir de su promulgación.

Artículo 7°.- La entrada, en vigencia de la presente Ley operará a partir de los ciento ochenta (180) días de su promulgación.

Artículo 8°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Fundamentos

La presente iniciativa tiene como fundamento principal el derecho de los consumidores a ser informados fehacientemente del contenido calórico de aquellos platos de comida y bebidas (como jugos, licuados y otros) elaborados por restaurantes, bares y los locales conocidos como “de comida rápida” que estén ofrecidos en los menúes, cartelería y/o publicidad de los establecimientos gastronómicos.             

En relación a las mencionadas comidas rápidas, se conoce así a los alimentos de preparación rápida como hamburguesas, lomitos, pizzas, papas fritas y panchos, entre otros. Dicha información es de suma importancia ya que su conocimiento ofrecería al consumidor una herramienta para conducir sus hábitos alimenticios en la búsqueda de una alimentación más sana y equilibrada. De esta manera se busca sensibilizar a la población informando la cantidad de calorías que se consumen al ingerir estos alimentos. Se pretende que el consumidor sepa qué cantidad de calorías se estarían consumiendo, dado que un conocimiento cabal de ello puede ser utilizado para habituar una dieta baja en calorías. Este tipo de dietas están relacionadas con una conducta alimentaria que reduce las posibilidades de obesidad y sobrepeso.[1]

Por otro lado, el acceso a la información calórica de los alimentos es parte del derecho a la salud que está garantizado expresamente por nuestra Constitución, en virtud del Art. 75 inc. 22, que entre los tratados con rango constitucional incluye a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su Art. 25  dispone que toda persona goza un derecho a un nivel adecuado de vida que le aseguren a él y su familia, salud y bienestar; en el mismo sentido se expide el Art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que establece que Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y entre las medidas que deberán adoptar aquellos a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, se encuentra la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;                                   

El presente proyecto de ley encuentra también apoyo basal en la Declaración sobre el Control y Prevención de Enfermedades No Transmisibles, que ha sido suscripta por nuestro país. En este instrumento los firmantes se comprometieron a poner foco en la promoción de una alimentación adecuada, particularmente en niños, fortaleciendo la capacidad de las personas de optar por alternativas más sanas. Creemos una de estas alternativas es reducir el consumo de alimentos no saludables. En ese contexto, y con el objeto de generar estrategias para promover una alimentación saludable, creando conciencia sobre la multiplicidad de consecuencias para la salud que devienen de la obesidad y las numerosas patologías que se derivan de la misma, así como coordinar y planificar acciones tendientes a la disminución y erradicación de esta enfermedad, consideramos que esta iniciativa es un firme paso adelante.[2]

La obesidad es una enfermedad metabólica, crónica, progresiva y multifactorial, reconocida como uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI, se puede prevenir, tratando buscando el equilibrio en la ingesta de calorías con una dieta balanceada teniendo en cuenta los aportes calóricos de los alimentos. La obesidad se relaciona también con la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia renal y la propensión a los accidentes cerebro-vasculares y deterioros cognitivos precoces. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo y uno de los principales problemas de salud pública. Desde 1979 la OMS ha declarado que la obesidad es una epidemia global. Según datos de 2010 de la Base de Datos Global sobre Crecimiento Infantil y Malnutrición de la OMS, Argentina presenta el mayor porcentaje de obesidad infantil en niños y niñas menores de cinco años en la región de América Latina. Más recientemente, en una publicación del 2011, advierte que cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas en el mundo como consecuencia del sobrepeso o la obesidad.[3]

En la Argentina, la OMS estima que un 60% de los habitantes tiene sobrepeso;  la prevalencia de obesidad pasó del 14,6% registrado en 2005, al 18% en 2009 y el 20,8% en 2013, lo que implica un aumento del 42,5%, con una marcada tendencia a la alta de los guarismos. En ese orden de ideas, la Ley 26.396, que declara de interés nacional la prevención y control de trastornos alimentarios, ha ido en dirección de fijar políticas públicas para luchar contra eset flagelo, al lograr que quedasen incorporadas en el Programa Médico Obligatorio la cobertura del tratamiento integral de estos trastornos alimenticios.

 En pos de promover la salud y los derechos del consumidor, y con el fin de sensibilizar a la población sobre los riesgos de hábitos alimenticios y dietas que propendan a la ingesta de grandes cantidades de calorías, ya asociado en los párrafos precedentes a las prevenciones y tratamientos de la obesidad como así también a otros trastornos alimentarios, es que creemos que disponiendo del mínimo de información se pueden torcer los hábitos de los individuos hacia conductas nutricionales saludables, ayudando de esta manera a reducir los factores de riesgo de la obesidad al mínimo. Algo que quizás no solucione en profundidad las causas de una enfermedad epidémica que sin dudas ha calado hondo en la sociedad argentina, pero que creemos coadyuva a generar y a estimular conductas alimentarias más saludables y equilibradas.[4]

Por otra parte, es conveniente resaltar que la problemática alimenticia mencionada tiene efectos sobre la economía, ya que los múltiples trastornos derivados de la obesidad afectan sensiblemente los costos de atención de la salud de la pública, lo cual pone de manifiesto la necesidad de enfrentar la problemática con una visión estratégica y de futuro. En este sentido, iniciativas como la del presente proyecto y toda otra forma de prevención o programas que tengan como objeto la corrección de hábitos y costumbres alimenticios, serán altamente valorables y generarán en sí un autoahorro como a causa de los resultados efectivos de las campañas de prevención.

En relación a este proyecto, han sido aprobadas a nivel internacional y nacional normativas en el mismo sentido, como la Ley 8890/2016 de la provincia de Tucumán. Asimismo, se han presentado innumerables proyectos en casi todas las provincias del país e incluso a nivel nacional. Algunos han visto, la luz, otros no, pero creemos que nuestra provincia puede unirse a aquellas jurisdicciones que llevan la punta en esta materia y darle un espaldarazo al fomento de la alimentación sana y el derecho de información que corresponde a los consumidores con este proyecto de Ley.

En línea con ello, el gobierno nacional creó el año pasado mediante la Resolución 732/2016 del Ministerio de Salud el Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad, que cuenta entre sus objetivos prevé: la 1) Promoción y regulación de alimentos procesados saludables; 2) Promoción de una dieta saludable; 3) Prevención y control de sobrepeso y obesidad; 4) Vigilancia epidemiológica del sobrepeso y obesidad; 5) Servicios de salud: epidemiología y vigilancia de servicios de salud, calidad de atención, fortalecimiento de redes de atención; 6) Comunicación masiva y articulación intersectorial; 7) Educación de profesionales de la salud; 8) Priorización de áreas de investigación.

Por último, consideramos adecuado dada la materia del proyecto en cuestión que la autoridad de aplicación del presente proyecto de ley sea el Ministerio de Salud u organismo que en el futuro ejerza sus funciones, debiendo asignar la función de inspección a personal idóneo para asegurar que se cumpla con los objetivos de la normativa legal. Por todo ello,