Regulando el destino de los bienes muebles e inmuebles decomisados

Maximiliano Abad
CENTROBuenos Aires

ARTÍCULO 1: La presente ley tiene por objeto regular el destino de los bienes muebles e inmuebles decomisados en los términos de los artículos 23 y 305 de Código Penal, dejando a salvo el derecho de restitución o indemnización de la víctima o terceros.

También regula el destino de aquellos bienes secuestrados en causas penales, cuando transcurrido 1 año desde la conclusión del proceso o el archivo de las actuaciones, nadie reclame o acredite tener derecho a la restitución de los mismos.

ARTICULO 2: En el caso que sobre los bienes descriptos en el artículo primero de la presente ley, la legislación nacional haya dispuesto un especial destino, los jueces o tribunales según el caso deberán proceder de la siguiente manera:

  1. En los delitos previstos en la ley 23.737 y sus modificatorias relativa al tráfico de estupefacientes, los bienes o el producido de la realización de los mismos según los incisos a), b) y c) del artículo tercero, serán destinados a la lucha y prevención contra el narcotráfico por un lado, y a la rehabilitación de los afectados por el otro, en partes iguales. La reglamentación determinará el organismo estatal beneficiario según fuere el caso al cual se destinarán dichos fondos, con la presente afectación especifica.
  2. En los delitos previstos por los artículos 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 ter y 170 del Código Penal, el destino de los bienes o el producido de la realización de los mismos según los incisos a), b) y c) del artículo tercero, serán afectados a programas de asistencia a las víctimas. La reglamentación determinará el o los organismo estatales beneficiario según fuere el caso, al cual se destinarán dichos fondos, con la presente afectación especifica.

ARTICULO 3: El Juez o Tribunal, deberá proceder con los bienes descriptos en el artículo primero de la presente ley, y que no hayan sido decomisados o secuestrados en causas que se sustanciaren delitos previstos en el artículo anterior, de la siguiente manera:

  1. Cuando se tratare de dinero en moneda de curso legal, dispondrá su transferencia al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a una cuenta especial creada al efecto, con destino afectado a infraestructura.
  2. Cuando se tratare de dinero en moneda extranjera, títulos o valores, ordenará su realización por intermedio del Banco de la Provincia de Buenos Aires y su producido se le dará el mismo destino previsto en el inciso anterior.
  3. cuando se tratare de automotores, embarcaciones, aeronaves o bienes inmuebles, se le dará intervención a la Fiscalía de Estado a los efectos de su realización y su producido tendrá el mismo destino previsto en el inciso a). La reglamentación deberá disponer el procedimiento a los efectos del cumplimiento del presente inciso.
  4. Cuando se tratare de armas de fuego, municiones y materiales controlados procederán según lo establecido en los artículos 5 y 6 de la ley 14.657.
  5. Cuando se tratare de bienes de interés científico o cultural, ordenarán su transferencia al organismo que indique la reglamentación de la presente.
  6. Cuando por su naturaleza riesgosa o peligrosa, o cuando careciere de valor económico o su estado fuere de notorio deterioro, podrá disponer su destrucción, dando intervención al área que corresponda según el caso. La reglamentación de la presente deberá especificar el ámbito de destino el cual será encargado de llevar adelante su destrucción.
  7. En todos los supuestos no contemplados en los incisos anteriores, y que fueren bienes susceptibles de valor económico se le dará intervención a la Fiscalía de Estado en los términos del inciso c).

ARTICULO 4: Si con posterioridad a la realización de los bienes se presentare su propietario y acreditare justo título, la provincia deberá reintegrarle su valor, quedando exceptuada de conceptos indemnizatorios por daños y perjuicios.

ARTÍCULO 5: Derógase el decreto Ley 8873/77 y el inc. 5 de la Ley 12.256.

ARTÍCULO 6: la Presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 90 días desde su promulgación.

ARTÍCULO 7: Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Fundamentos

En los procesos penales en los que se dictase sentencia condenatoria los jueces o tribunales deben decomisar aquellos bienes que han servido para cometer el hecho ilícito y las cosas o ganancias que fueren el producto o el provecho del delito.

También deben ser decomisados sin necesidad de sentencia condenatoria aquellos bienes producto del delito de lavado de activos, cuando se comprobare su origen ilícito y el, o los imputados no pudieren ser enjuiciados por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o el uso ilícito de esos bienes.

El decomiso se debe realizar en favor del estado nacional o provincial según fuere la jurisdicción del órgano actuante, es decir que cuando no fueren cosas riesgosas o peligrosas, susceptibles de valor económico, el producto de esos bienes, debe ser destinado al estado que le dará un fin reparador, en algunos casos indicado expresamente por el código penal o leyes nacionales especiales, y en los demás casos no especificados ese fin lo determinarán las provincias.Por supuesto que estos conceptos contenidos en el código penal argentino dejan a resguardo el derecho de restitución o indemnización del damnificado o tercero.

Es nuestra intención que en la Provincia de buenos Aires el producto de esos bienes decomisados vuelva a la sociedad cumpliendo la función reparadora, cual es un aspecto de la naturaleza del decomiso. Dada esta premisa, entendemos que esos fondos producto del decomiso, deben ser invertidos en infraestructura de salud para los habitantes de nuestra provincia.

Seguramente para algunos puede ser opinable este destino, pero sin dudas en el actual contexto social y económico-financiero de la provincia de Buenos Aires, en el que se necesitan inversiones urgentes en 53 de los 77 hospitales provinciales, es un motivo más que valedero para que hoy en día ése sea el destino de estos recursos de origen ilícito. Nada obsta a que en el futuro mediato, resuelto este trance sanitario, esta norma pueda ser modificada y esos recursos sean destinados a otro fin.

Esta norma propuesta, es la acción congruente cuando decimos que cada hecho de corrupción son hospitales o rutas que le sacaron a la gente. Pues de este modo estamos haciendo que en forma indirecta esos recursos mal habidos puedan resarcir de algún modo a la sociedad por los delitos cometidos contra alguno de sus integrantes, un conjunto de ellos, o contra el estado. Ahora bien, es importante realizar algunas conceptualizaciones, aunque algunas parezcan obvias y otras no tanto, respecto de lo que hemos dicho hasta aquí.

En primer lugar que estamos legislando sobre cuestiones en la que interviene la justicia penal de la provincia de Buenos Aires.Respecto de la figura del decomiso penal entendemos que es una medida, emanada de una autoridad judicial, que priva de un bien con carácter definitivo, sin que el afectado tenga derecho a resarcimiento.

Esta figura, contenida en forma general en el Art. 23 del Código Penal y en forma especial en su artículo 305, hace ceder el derecho de propiedad con fundamento en la falta o pérdida de legitimidad en la causa jurídica respecto de ese bien.

Es una consecuencia accesoria a una pena principal, que cumple una función reparatoria o restauradora, siempre y cuando no fuere una cosa riesgosa o peligrosa en la que, en dicho caso, su función es resguardar bienes jurídicos individuales o colectivos.